La oposición advierte al PP de que la responsabilidad política no prescribe

Toda la oposición parlamentaria se puso ayer de acuerdo para trasladarle a Mariano Rajoy y al PP la advertencia de que si al final la Audiencia Nacional no pudiese sentar a dirigente popular alguno en el banquillo por la presunta financiación irregular del partido descrita en los papeles de Bárcenas no por ello cesará la exigencia de que se asuman responsabilidades políticas por este escándalo.

PSOE, IU y UPyD, las tres grandes fuerzas nacionales de oposición, tienen claro que una cosa son los hechos que puedan ser calificados como delito a la luz del Código Penal, o incluso los hechos delictivos que ya no puedan ser perseguidos ante un tribunal por haber prescrito con el paso de los años, y otra cosa son los comportamientos vedados a una organización política, como la financiación irregular de contratistas públicos, los pagos en negro a dirigentes o a proveedores, o las mentiras en sede parlamentaria, que en cualquier caso, aseguraron, deben pagarse con dimisiones.

El aviso llega cuando los dirigentes del PP no ocultan su alivio y comienzan a dar por liquidada la presión política a la que su partido y su Gobierno se han visto sometidos por el 'caso Bárcenas'. Entre los populares gana enteros el convencimiento de que el juez Pablo Ruz podría archivar en pocos meses esta pieza separada del 'caso Gürtel' sin sentar en el banquillo a ninguno de sus dirigentes.

La tesis parte de la idea, también manejada por miembros de la Fiscalía, de que es probable que al final sea imposible encajar los comportamientos y hechos sospechosos del PP detectados durante la investigación en delitos fiscales o de cohecho, bien porque lo descubierto no alcance las exigencias del tipo penal, y sea una simple infracción administrativa, bien por falta de pruebas o bien porque, aún pudiendo ser delito, no sea posible el procesamiento y el enjuiciamiento porque ya ha prescrito.

Lo legal y lo ético

La hipótesis se vio reforzada el lunes por el informe pericial que Hacienda le entregó al juez. Sin entrar en si los apuntes de la supuesta contabilidad B de Bárcenas son ciertos o no, la Agencia Tributaria descartó que, en cualquier caso, puedan traducirse en delito fiscal alguno por parte del PP o de los dirigentes, incluido Mariano Rajoy, que, según el extesorero y sus manuscritos, recibieron durante años importantes sobresueldos en negro procedentes de donaciones empresariales realizadas con dinero también opaco para el fisco.

El análisis dice que ni siquiera entra a comprobar si los supuestos pagos anteriores a 2007 son o no delito porque estarían prescritos, y, añade, que las anotaciones de 2008, aunque fuesen ciertas, no alcanzarían la categoría de delito porque en ningún caso suman una defraudación en el IRPF superior a 120.000 euros por año, el mínimo para apreciar la infracción penal.

Alfredo Pérez Rubalcaba, que como el resto de los portavoces de la oposición da por probado que en el PP hubo financiación ilegal y pagos en negro a dirigentes, avisó desde su cuenta de Facebook que, pase lo que pase en la Audiencia Nacional, «la responsabilidad ante los ciudadanos no prescribe, y un hecho indigno no deja de serlo por muchos años que pasen». Insistió en que Rajoy debe dimitir porque el 1 de agosto mintió al Congreso sobre sus vínculos con Bárcenas y sobre los pagos en negro, y se lamentó de que «cuando la verdad se abre paso y las dudas sobre la existencia de caja B del PP se disipan, el tiempo viene a echar una mano a quienes actuaron de manera deshonesta».

La misma idea la manejó Rosa Díez, portavoz de UPyD, cuando aseguró que aunque los dirigentes populares no sean procesados por el 'caso Bárcenas' sí lo serán por el 'caso Rajoy', porque una cosa son las responsabilidades jurídicas y otras las políticas y ciudadanas. El portavoz de IU en el Congreso, José Luis Centella, insistió en exigir al PP responsabilidades políticas y la puesta en marcha de una comisión de investigación parlamentaria porque «lo que prescribe puede no ser legal y lo que es legal puede no ser ético». «Puede ser legal recibir sobres, pero no es ético», concluyó.