El fiscal superior de Andalucía pide acortar la instrucción para que los delitos no prescriban

La prescripción de dos de los tres delitos imputados a un grupo de empresarios por la venta de los suelos de Mercasevilla, uno de los sumarios que instruye la jueza Mercedes Alaya, ha levado al fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, a reclamar que se modifique el Código Penal para que se acote los plazos de investigación en su fase de instrucción, a fin de evitar que los delitos prescriban.

Alaya, que instruye dos macrocausas relacionadas con la gestión del Betis y de Mercasevilla, además del caso de los ERE fraudulentos, llevaba dos años investigando el presunto fraude en la venta de terrenos del mercado sevillano y la Fiscalia ya había advertido de la posible prescripción. Alaya se ha negado a repartir las causas entre jueces de refuerzo y Anticorrupción ha avisado recientemente de la posibilidad de que también prescriban los delitos del caso de los ERE fraudulentos, ya que hay imputados desde 2010 que aún no han sido citados a declarar.

Para al portavoz parlamentario del PSOE-A, Francisco Alvarez de la Chica, la prescripción de los delitos es «extraordinariamente grave» pero aún lo es más «si se confirma que ha sido por una actuación inadecuada de la Justicia». En relación con el hecho de que entre los imputados se encuentren dos hermanos de la ministra Fátima Báñez, opinó que «si hay circunstancias de relaciones de algunas personas, muchos ciudadanos se preguntan, con razón, si es una casualidad. Los ciudadanos tienen derecho a saber por qué pasan las cosas. Que se explique», agregó. «Cuentas tiene que rendir todo el mundo, las administraciones públicas y también la justicia».

Alaya aplazó al 26 y 27 de noviembre la declaración de los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, acusados de delito societario Ambos fueron condenados por la «mordida» denunciada por los empresarios de La Raza.

Recurso

La Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto un recurso directo de apelación ante la jueza de Instrucción número 6 contra la no adopción de medidas cautelares sobre la imputada María José Rofa Vega, secretaria de la Consejería de Empleo, respecto a la cual Alaya destacó su gran colaboración con la instrucción.

La Fiscalía rechaza este extremo y recuerda que Rofa se negó a declarar ante la magistrada. Llama la atención que ésta ha tardado más de 14 meses en adoptar la decisión de no imponer fianza, mientras en otros casos la decisión es más rápida. Rechaza también los argumentos de la jueza respecto a la relación entre ésta y Antonio Diz-Lois, que fue jefe de servicio de Trabajo y al que imputa cuatro delitos. Anticorrupción no recurre la decisión de no fijar cautelares a Diz-Lois ni al ex interventor, Manuel Gómez pero pide una fianza de 205 millones para Rofa.