Los medicamentos

Mientras que la flamante presidenta de la Junta de Andalucía defiende la subasta de medicamentos, los laboratorios farmacéuticos y los proveedores de tecnología sanitaria denuncian que la Junta les adeuda unos 1.600 millones de euros por el suministro de medicamentos y otros productos sanitarios. Las declaraciones de la señora Díaz vienen a raíz de las discrepancias entre los modelos de copagos farmacéuticos defendidos, respectivamente, por el Gobierno y por la Junta de Andalucía, ya que, en definitiva, el copago por los usuarios se viene realizando desde hace muchísimos años. Cuando la presidenta de la Junta manifiesta que nunca estará de acuerdo con el copago farmacéutico quiere decir que no lo está con el modelo implantado por el gobierno y que defiende el modelo anterior. Pero, ¿en que se diferencian los dos sistemas? En el modelo anterior a la llegada de la ministra Mato, todos los usuarios, independientemente de sus disponibilidades, debían hacer una aportación económica al adquirir un fármaco, mientras que los pensionistas, también independientemente de su situación económica, no aportaban nada.

Por el contrario, en el sistema actual las aportaciones se hacen según la situación de cada uno, de manera que no tienen que pagar nada aquellas personas, y sus beneficiarios, que sean parados sin prestación o que sean perceptores de rentas de integración social o de rentas no contributivas. El resto seguimos aportando igual que lo hacíamos antes, mientras que los pensionistas lo hacen en diferentes horquillas según su situación, siempre con unos topes máximos. Porque no es normal que, por ejemplo, un parado con cargas familiares tuviera que seguir pagando los medicamentos, como ocurría antes, y una persona con más de 100.000 euros de renta, aunque fuese pensionista, no tuviera que aportar nada. Es difícil sostener que el sistema defendido por la señora Susana Díaz sea un modelo social. Como difícil es explicar que, para atacar el pago de un máximo de 4,5 euros por fármacos que cuestan miles de euros y que, además, no son de uso hospitalario, se defienda una subasta que limita, para los andaluces, el acceso a los medicamentos al tiempo que se sigue engrosando la deuda con los proveedores.