Hacienda dice que no hubo delito fiscal de Rajoy ni del PP por los sobresueldos

La Agencia Tributaria ha entregado un informe al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el que concluye que los sobresueldos que habrían cobrado los altos dirigentes del partido, incluido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de la supuesta caja B de los populares no son delito.

La conclusión del informe de Hacienda, al que ha tenido acceso Efe, señala que estos complementos recibidos por los dirigentes del PP, y que aparecen en los papeles de Bárcenas entre abril de 1990 y diciembre de 2008, no suponen delito fiscal alguno. Hacienda ha llegado a este resultado sobre la hipótesis de que fueran ciertos los asientos contables manuscritos del extesorero Luis Bárcenas. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) determina que los supuestos pagos a altos cargos ocurridos entre 1990 y 2007 estarían prescritos, mientras que las cantidades de 2008 no serían delito porque no superan el umbral que marca la ley para serlo: 120.000 euros.

En un auto hecho público ayer por Ruz también se menciona que, según dictaminó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el 7 de junio, «las entregas de dinero a personas sin existir justificación para ello y soslayando la contabilidad oficial» se encuadra en las «malas prácticas políticas» y no en el delito fiscal, ya que las cantidades reflejadas en los 'papeles de Bárcenas' en 2008 son inferiores a los 120.000 euros por persona y retribución.

Pero no fue el único informe de Hacienda que recibió Ruz. En otro estudio de la Agencia Tributaria se reseña que el PP al parecer pagó de forma irregular las obras de de remodelación de la sede central del PP, en la calle Génova número 13 de Madrid. El instructor del 'caso Bárcenas' sospecha que el partido pagó en negro parte de ese trabajo, realizado hace un lustro y que fue encargado a Unifica Servicios Integrales. Su responsable mercantil, el arquitecto Gonzalo Urquijo, fue imputado ayer por falsedad documental, delito fiscal y falsedad contable, y el juez busca ahora los «cooperadores necesarios» de esa gestión.

Quién decidió pagar en 'B'

Ruz apuntó que Urquijo pudo haber cometido uno o varios delitos fiscales al no declarar a Hacienda parte de esas obras, según el informe de la Agencia Tributaria. Por ello decidió imputar de momento al arquitecto, aunque abrió la puerta a investigar «a aquellas personas que hubieran contribuido activamente, en concertación con aquél, a la realización del acto que eventualmente resulte integrador del delito investigado». Dicho en llano, conocer quiénes en el PP decidieron pagar en negro al arquitecto.

Aunque todo hace pensar que lo más fácil para Ruz sería implicar a la tesorería del partido, que en 2005, cuando se firman las obras, la dirigía Álvaro Lapuerta y el gerente era Bárcenas, podría darse el caso de que el juez apunte más alto. En ese caso la responsabilidad recaería en el entonces secretario general del PP, Ángel Acebes, y a partir de junio de 2008, año del delito fiscal investigado, ostenta Dolores de Cospedal.

De todas maneras, Ruz ya avanza en el auto de imputación de Urquijo, firmado el pasado viernes aunque trascendió ayer, que la actividad presuntamente delictiva que se persigue «puede calificarse de grave» y que pondrá todos los medios para llegar hasta el final. Lo más inminente será el informe policial con las conclusiones del registro llevado a cabo en la empresa Unifica, donde se incautó diverso material.

El registro se realizó el viernes y el sábado por la tarde y Ruz buscaba documentación relativa a presupuestos, certificaciones de obras, facturación, liquidación y pagos efectuados, así como cualquier otra contabilidad relativa a la remodelación de la sede nacional del PP.

Para dar este paso el instructor del 'caso Bárcenas' ha esperado al informe que había pedido en julio a la Agencia Tributaria, para que concluyera respecto a las obligaciones fiscales que hubiera incumbido el PP en relación con el impuesto de sociedades y de IRPF para los ejercicios de 2007 en adelante, período que no estaría prescrito para Ruz y el fiscal anticorrupción del caso, Antonio Romeral.