El exjefe de Seguridad solo recuerda la vista de Correa, Crespo y un constructor

El exjefe de Seguridad del Partido Popular (PP) Antonio de la Fuente ha asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que nunca vio a los supuestos donantes en la sede de la formación, a excepción del constructor Antonio Vilela (apoderado del Grupo Rubau) y los presuntos cabecillas de la trama 'Gürtel', Francisco Correa y Pablo Crespo, informaron fuentes jurídicas.

De la Fuente, que ha comparecido durante casi dos horas como testigo en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del PP, ha asegurado no recordar la presencia en Génova 13 de los ocho constructores que están imputados en el procedimiento ni de los empresarios para los que IU ha pedido la ampliación de la querella, de los cuales, según ha dicho, sólo conocía al productor audiovisual y ventrilocuo José Luis Moreno.

A pesar de que a la sexta planta, en la que estaban los despachos del extesorero Alvaro Lapuerta y del entonces gerente, Luis Bárcenas , "iba mucha gente", De la Fuente ha dicho que sólo vio a Vilela, que era militante, asesor del partido y miembro de la Comisión de Infraestructuras, y a Correa y Crespo, que acudían a la sede con frecuencia.

El compareciente, que es cuñado de Bárcenas , ya que está casado con su hermana Carmen, ha admitido que firmó el informe que el PP mandó al Tribunal de Cuentas correspondiente a la campaña electoral de 2004 porque éste no podía hacerlo debido a su condición de candidato al Senado. "No sé quién me dijo que firmara, me imagino que sería el señor Lapuerta", ha señalado tras ser preguntado varias veces por este extremo. "Yo tengo la memoria que tengo", se ha justificado.

De la Fuente también ha reconocido que comenzó a trabajar en el PP en 1989 de la mano de Bárcenas y asumió la Dirección de Seguridad dos años después aunque, según ha dicho, "nunca" ha "ejercido como cuñado ". De igual modo, ha dicho que a comienzos de este año puso su cargo a disposición del partido por su parentesco con Bárcenas , por lo que desde el partido le recomendaran que pasara una temporada en su casa, lo que hizo entre marzo y junio.

A pesar de ello, firmó el informe que la formación envió al juez Ruz el pasado 13 de junio en el que se indicaba que los libros de visitas de la formación y las grabaciones de seguridad se destruyen automáticamente a los 30 días, en cumplimiento, según ha dicho, de la Ley de Protección de Datos. "Lo preparó la asesoría jurídica y yo fui a firmarlo", ha reconocido antes de señalar que el 18 de junio abandonó el puesto de jefe de Seguridad y pasó a depender de los Servicios Generales del partido.

Preguntado por el nombre de las personas que controlaban el acceso de visitas a la sede del PP, ha asegurado no recordarlo aunque ha añadido, después de varias preguntas, que desde hace tres años lo hace la empresa Prosegur y que en la etapa investigada lo hacían dos trabajadoras: una ya fallecida y otra llamada María Victoria. Las acusaciones avanzaron su intención de llamar a declarar a esta última.