El PP calcula que el juez archivará la causa de su financiación antes de fin de año

En el PP se reafirma la convicción de que la causa de su presunta financiación irregular va a quedar en nada y pronto, antes de fin de año, el juez Pablo Ruz archivará la pieza. Es una impresión que no está basada en el deseo. Es, aseguran en el partido gubernamental, fruto de argumentos judiciales porque no hay pruebas de la existencia de una doble contabilidad, los donativos irregulares, además de no ser delito, estarían prescritos y no se puede demostrar que hubo un trato de favor para los empresarios donantes.

Mariano Rajoy mantuvo la calma hasta en los momentos más críticos del 'caso Bárcenas', cuando los barones del PP cuestionaron su falta de contundencia a la hora de desmontar las acusaciones vertidas por el extesorero del partido sobre la existencia de una contabilidad B para el pago de sobresueldos a los altos dirigentes, incluido el propio Rajoy. Ahora, el PP está convencido de que la parte del 'caso Bárcenas' que más les afecta, la de su presunta financiación ilegal, se archivará antes de final de año. «No hay pruebas ni testimonios relevantes», sostiene un muy destacado dirigente popular, que avalen la existencia de una doble contabilidad o de que se haya dado ningún trato de favor a los donantes del PP a la hora de lograr concesiones de obras públicas. «¡Y no será porque el juez Ruz no ha practicado diligencias!», redondea un miembro del comité ejecutivo.

El presidente del Gobierno lleva meses transmitiendo a los suyos la convicción de que no había nada que temer, aunque no siempre se ha expresado con la claridad suficiente. Entre el «todo es falso, salvo algunas cosas» del 1 de febrero al «hay cosas que no se pueden demostrar» que declaró a una televisión de Estados Unidos la semana pasada, Rajoy decretó la ley de silencio. Nadie hablaría más en público de Bárcenas porque la postura oficial la expresó él durante su comparecencia en el Congreso del 1 de agosto.

No hay elementos

El PP está a la espera de que se concrete el archivo de la investigación para pasar al contraataque. La dirección barrunta que las críticas de la oposición, que intenta que la llama del caso no se apague en el Congreso, perderán fuelle si el juez se centra en esclarecer dónde y cómo amasó Bárcenas la millonaria fortuna que escondía en Suiza y otros paraísos fiscales.

«Será ruido, sólo ruido y el PSOE tiene en los ERE su particular estruendo», augura otro dirigente popular. Dónde tendrá que emplearse a fondo la dirección del PP es en calmar las filas propias. Independientemente de si hubo financiación irregular o no, este caso ha puesto de manifiesto las generosas remuneraciones que paga la organización a determinados altos cargos internos mientras que las organizaciones territoriales del PP se las ven y se las desean para cuadrar sus presupuestos.

Los últimos informes de Anticorrupción apuntan hacia el desenlace por el que suspira el PP. De estos escritos se desprende que el fiscal, a día de hoy, no considera que existan elementos en la investigación que permitan establecer que los dirigentes del PP, actuales o pasados, hayan vulnerado la ley de incompatibilidades con la percepción de sueldos públicos y privados, lo que desaconsejaría continuar con la investigación de la causa penal.

No obstante, la Fiscalía no tomará ninguna decisión hasta que se aporten a la causa dos informes de la Agencia Tributaria claves para esclarecer si el PP dejó de declarar en 2007 y 2008, los años que aún no han prescrito, donaciones superiores a las marcadas por la ley.

Además del presunto delito fiscal, el juez debe establecer aún, como le han solicitado las acusaciones particulares, si existe algún tipo de relación entre esas donaciones de empresarios y la concesión de licitaciones públicas. La Fiscalía ya se ha opuesto a que el Ministerio de Fomento aporte los expedientes de los concursos que ganaron algunas de las constructoras que supuestamente financiaron al partido con el argumento de que no tendría relevancia y que, al ser un trabajo de dimensiones gigantescas, retrasaría la instrucción al menos un año.

Con decisiones como esta, la dirección del PP comienza a respirar y a ver la luz. Las peticiones de las acusaciones imputación de dirigentes, como la secretaria general, Dolores de Cospedal, por un presunto delito de destrucción de pruebas con el borrado de dos ordenadores de Bárcenas, o la citación como testigo de Rajoy, también cuentan con el criterio en contra de la Fiscalía Anticorrupción.