Marbella pone punto final al 'caso Malaya'

El 29 de marzo de 2006 España se desayunaba con la entrada de las fuerzas de seguridad en un ayuntamiento para investigar la corrupción municipal y urbanística. Fue el pistoletazo de salida. Tras él, las operaciones policiales contra la corrupción permitieron destapar escándalos similares en todo el país. Siete años después, Marbella pondrá fin el viernes a uno de los capítulos más oscuros con la lectura la sentencia del 'caso Malaya'.

La imagen de una alcaldesa y su equipo de gobierno esposados se propagó por todo el mundo. El juicio comenzó en septiembre de 2010 y fue uno de los más voluminosos celebrado en España. Las cifras son abrumadoras. La vista oral concluyó tras 200 sesiones para las que hubo que habilitar una sala especial en la Audiencia de Málaga que permitiera acoger a los 95 imputados iniciales, que se quedaron en 86 tras retirar el fiscal cargos contra nueve, sus defensas y casi 400 testigos.

Además, el tribunal ha tardado nada menos que 14 meses en dictar sentencia, y según ha trascendido tendrá más de 4.000 folios, con todo una minucia frente a los 195 tomos de la instrucción. De ahí que para no eternizarse el tribunal solo dará a conocer el fallo condenatorio de cada imputado, y no los hechos probados. En total, los acusados se enfrentan a 497 años de cárcel y multas de 3.800 millones.

La denominada 'operación Malaya' permitió desarticular una organización, según la denominación que le dio Anticorrupción, creada para enriquecerse a costa de los fondos del Ayuntamiento de Marbella. La situación derivó hasta la disolución del consistorio «por enfrentamiento reiterado a la legalidad y al Estado de Derecho en su conjunto», algo inédito en democracia.

El jefe de la trama era Juan Antonio Roca, un oscuro asesor de Urbanismo llegado en la época de Jesús Gil y que durante tres lustros amasó una fortuna de 200 millones que gastó en fincas, valiosas obras de arte, vehículos, caballos y una ganadería de reses bravas. Como un auténtico alcalde en la sombra, el exasesor se hizo con el poder político comprando voluntades de los concejales, lo que le permitió adjudicar servicios municipales y manejar a su antojo el urbanismo local siempre de forma favorable para el empresario que más aportara.

En pleno época dorada de la construcción, en Marbella cundió la especie de que no se podía poner un ladrillo sin pasar antes por el despacho de Roca, un peaje reconocido en el juicio por los constructores. Y cuando algún alcalde, como Julián Muñoz, intentó hacer el negocio por su cuenta, no dudó en orquestar una moción de censura para que nada interfiriese en sus planes.

Las iniciales

Minucioso, Roca registraba todos los movimientos de entrada y salida del dinero apuntando las iniciales, unas anotaciones fundamentales para los investigadores que ayudaron a resolver la incógnita de los sobornos. Para blanquear esa cantidad ingente de fondos, con la ayuda de un bufete de abogados madrileño creó un complejo entramado de sociedades tapadera tanto en España como en extranjero. En este sentido, Malaya fue una investigación pionera porque por vez primera funcionarios de la Agencia Tributaria colaboraron con la Policía para seguir la pista del dinero.

En la actualidad, solo continúan en prisión Roca, que cumple condena firme de seis años y diez meses por el 'caso Saqueo', también de corrupción municipal, y Muñoz, que ingresó en la cárcel el pasado abril tras ser condenado a siete años por el 'caso blanqueo', derivado de la operación Malaya. Sus futuros no parecen muy halagüeño ya que la Fiscalía Anticorrupción pide para ellos 30 y 10 años de prisión, así como una cuantiosa multa de 810 millones para el que fuera asesor de Urbanismo y alcalde en la sombra de Marbella. Y éste es solo uno más de los numerosos procesos judiciales que ambos tienen abiertos.

Los demás miembros de la corporación se enfrentan a penas de entre 21 años, como es el caso del exteniente de alcalde Pedro Román, los 16 y 12 que se piden para la exalcaldesa Marisol Yagüe o la exprimer teniente de alcalde Isabel García Marcos, y los entre ocho y diez años que la Fiscalía pide para el resto de implicados. Para los empresarios y abogados acusados de cohecho y blanqueo, las peticiones oscilan entre los diez años y los seis meses.

Pese al daño económico que los sucesivos mandatos del GIL hicieron en la ciudad, la repercusión de la sentencia en Marbella, la gran damnificada de este caso, será simbólica y en términos de reputación. En su informe final, el fiscal pidió una indemnización de apenas cuatro millones de euros para el consistorio, dado que el grueso de los delitos que se juzgan es por blanqueo y cohecho, no de malversación.