El fiscal se opone a investigar las adjudicaciones de contratos a empresas donantes del PP

La Fiscalía se opone a la petición de una acusación para que el Ministerio de Fomento entregue en la Audiencia Nacional los contratos adjudicados entre 1990 a 2012 a doce empresas que figuran como donantes irregulares del PP en la presunta contabilidad B de Luis Bárcenas. Anticorrupción sostiene que el estudio de esa documentación sería «inútil y perjudicial» para la investigación porque la dilataría pues el análisis de esos expedientes implicaría un trabajo ímprobo, «superior al año en el mejor de los casos».

El juez Pablo Ruz tendrá que decidir ahora si toma en cuenta los argumentos del fiscal Antonio Romeral y archiva la petición del Observatorio por el Cumplimiento de la Declaración de los Derechos Humanos, personada como acusación popular en la pieza de la presunta financiación irregular del PP. La acusación sostiene que existe relación entre los donativos al partido y los concursos de administraciones gobernadas por los populares ganados por esa docena de compañías para la construcción de infraestructuras en las dos últimas décadas.

El fiscal aduce que la «inutilidad e impertinencia» de la solicitud son «obvias» dado que la búsqueda, recopilación y análisis de «tan ingente cantidad de documentación», exige la dedicación de un alto número de funcionarios y, con todo, el retraso en la instrucción del sumario sería inevitable. Romeral calcula que, al menos, habría que rastrear 2.000 expedientes de concursos.

Anticorrupción argumenta asimismo que un periodo, el de 1990 a 2002, no está sujeto a la investigación. El fiscal se ceba además en que la petición es «incoherente» porque no explica «el nexo» entre las supuestas donaciones y los concursos ganados porque si la acusación pensó que existía una relación debería «decir cuáles son» esos lazos. Todo apunta, añade, a que se busca «una investigación prospectiva» más que una «investigación de hechos concretos con indicios de relevancia penal». En el mismo terreno de las incoherencias sitúa Romeral el hecho de que se soliciten los expedientes del Ministerio de Fomento y no los de otras administraciones que también convocaron concursos ganados por estas empresas.

Informe policial

El Observatorio presentó su petición el 5 de septiembre y se basó en un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía de mayo en el que se reflejaba que las empresas reseñadas en la supuesta contabilidad B como donantes eran beneficiarias de contratos de las administraciones gobernadas por el PP. Una coincidencia que, por otra parte, no es extraña porque son algunas de las mayores constructoras del país.

El informe policial detalló que Constructora Hispánica, por ejemplo, donó al PP poco más de 250.000 euros entre 2001 y 2011 y logró adjudicaciones por 525 millones; OHL, a su vez, consiguió contratos por 4.600 millones y financió a los populares en ese lapso con 530.000 euros; y Sacyr donó 480.000 y logró obras por 1.067 millones.

Esta es la tercera vez en pocos días que la Fiscalía rechaza demandas de las acusaciones. Se opuso a la petición de que Mariano Rajoy y otros ex altos cargos del PP fueran citados a declarar como testigos en la misma causa de financiación ilegal. Descartó asimismo que se investigara la destrucción de los discos duros de los ordenadores que usó el extesorero del PP. Ruz aún no ha resuelto la primera y ha derivado a los juzgados ordinarios la segunda.