Beccaría aboga por cerrar el traspaso de competencias a las autonomías

El Gobierno suele recurrir al Consejo de Estado para que analice alguna de su propuesta de mayor calado, antes de que inicie los trámites para convertirlas en leyes. Al ser un órgano consultivo, sus indicaciones no son vinculantes pero sí preceptivas. Por ello, siempre llama la atención cualquier discrepancia entre ambas instituciones. En esta ocasión, José Manuel Romay Beccaría, presidente del Consejo de Estado, encendió la chispa de la discordia al irrumpir en el debate sobre el actual modelo territorial con una propuesta muy concreta: derogar el artículo 150.2 de la Constitución, que regula la transferencia de competencias a las comunidades autónomas.

No es que el Gobierno discrepe en el fondo, al contrario, pero ahora mismo, en plena tensión territorial con Cataluña, no quiere oír ni hablar de abrir el melón de la reforma de la Carta Magna, tal y como dejó patente Mariano Rajoy durante su intervención en el Debate del estado de la Nación. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió a una pregunta sobre el planteamiento de Romay Beccaría que, «vistas las posiciones de todas las fuerzas políticas, falta el consenso básico e imprescindible para acometer una reforma».

El presidente del Consejo de Estado, en declaraciones a los periodistas antes de ofrecer una conferencia en Valladolid, alertó del riesgo de menoscabar la igualdad de todos los españoles si determinadas comunidades autónomas continúan reclamando nuevas competencias.

Beccaría, que defendió las bondades del Estado de las Autonomías, ponderó la necesidad de potenciar el papel de coordinación que el Gobierno central debe ejercer entre el resto de las administraciones del país. El artículo 150.2 de la Constitución establece que el Estado «podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado». Un enunciado que se presta una interpretación muy abierta y que ya ha propiciado muchos desencuentros entre PNV y CiU, que reprochan a los gobiernos de PP y PSOE sus arbitrarias interpretaciones de la Carta Magna que, a su juicio, desnaturalizan su propio contenido. Como ejemplo ponen el artículo 149.1.1, que alude a la igualdad de los españoles en el ejercicio de derechos y cumplimientos de deberes, y que socialistas y populares «estiran como un chicle» para introducirlo en todas las leyes, según defiende el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban.

Sintonía

Lo cierto es que los partidos mayoritarios sí muestran sintonía en esta controversia. El PSOE también propuso en abril sacar de la Constitución el artículo 150.2 que permite al Estado, dentro de su propuesta de reforma territorial que será debatida en la conferencia política que los socialistas celebrarán en noviembre. Alfredo Pérez Rubalcaba defiende que ha llegado el momento de cerrar el modelo y que la mejor fórmula para lograrlo es blindar en la Carta Magna las facultades 'intocables' del Gobierno central. Algo que ya defendió el PP hace un lustro, en plena batalla del Estatuto catalán, y el PSOE rechazó.

Los socialistas también asumen otra vieja demanda del partido que preside Mariano Rajoy, la restitución del recurso previo de inconstitucionalidad para las reformas estatutarias. Con ella se evitaría, dicen, que se vuelva a producir un choque de legitimidades entre lo votado por la ciudadanía en referéndum y una sentencia del Tribunal Constitucional. A su juicio, ahí está el origen del auge del independentismo en Cataluña y del enconamiento de las tensiones territoriales.