El IPC dejará de ser la referencia para revisar los precios públicos

La Ley de Desindexación -cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros- supondrá que a partir de 2014 el IPC dejará de ser el indicador de referencia a la hora de revisar los precios de los servicios y los contratos públicos. El Gobierno pretende de esta forma «contribuir a la estabilidad de los precios y a la mejora de la competitividad», en línea con el acuerdo de moderación salarial pactado entre patronal y sindicatos, y otras reformas como la de las pensiones.

En la actualidad, los precios de servicios como la telefonía, el agua, el transporte público o los servicios postales se actualizan conforme al IPC y, en algunos casos, a otra serie de factores. A partir de 2014 -siempre que la ley salga adelante tal y como la plantea el Gobierno-, como norma general se aplicará la no indexación al IPC, «o una evolución de los precios y rentas distinto», según explicó el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Los incrementos tendrán que estar justificados por los costes que supone la prestación de los servicios. Por ejemplo, si hasta ahora la revisión de las tarifas de los billetes de autobús interurbano se calculaba en función del IPC más otra serie de indicadores como la evolución del precio del carburante o el número de viajeros, a partir de 2014 sólo se tendrán en cuenta estos dos últimos factores.

Sin embargo, quedan excluidos de esta norma la negociación salarial colectiva (tanto en el ámbito privado como en el del personal laboral del sector público), las pensiones y los instrumentos financieros. «Sólo se aplicará a precios, servicios y subsidios públicos», insistió De Guindos. En cuanto a los contratos públicos, se modifica la norma vigente para que la pauta general sea también la no indexación.

La nueva ley se aplicará a todas las Administraciones Públicas y, según el Gobierno, tendrá «un amplio efecto en las economías familiares». El Ejecutivo estima que los gastos de bienes y servicios regulados que afectan a los hogares suponen el 7% del total (unos 36.000 millones de euros anuales, el 3,5% del PIB). De Guindos recordó que la indexación al IPC es una de las causas por las que los precios han crecido en España «un 12% más que en la zona euro entre 1999 y 2011». «Cuanto menos indexada está una economía, mayor será su potencial de crecimiento», añadió el ministro.

Índice para sector privado

Una vez entre en vigor, la norma será aplicable a todos los nuevos contratos que se firmen, mientras que en el caso de los precios regulados habrá un periodo de seis meses para decidir si la norma será la congelación o el establecimiento de un índice que refleje la evolución de los costes.

Además, para los contratos de servicio público (caso del transporte de viajeros, o las telecomunicaciones) se contempla la retroactividad de la norma. Es decir, que desde la entrada en vigor de la ley se aplicará a los contratos ya existentes, si bien se concederá un periodo de tiempo para que le prestador del servicio pueda cancelar el acuerdo si así lo quiere.

La intención del Gobierno es promover la desindexación del IPC también en el sector privado. Para ello ha creado un Índice de Garantía de la Competitividad (IGC), aplicable a los contratos entre privados «que voluntariamente lo acuerden» y en aquellos casos en que se haya pactado una cláusula de revisión «pero no la hubieran especificado».

La fórmula tiene en cuenta la inflación de la zona euro, corregida por una parte de la competitividad perdida desde 1999. Tendrá un techo del 2% y un suelo del 0%. UGT mostró su desacuerdo con la desindexación IPC porque «podría provocar subidas discrecionales de precios a demanda de las necesidades presupuestarias de los Gobiernos y de la sed de las empresas».