Carlos Fabra se enfrenta a trece años de cárcel por seis delitos

Carlos Fabra, el expresidente de la Diputación de Castellón y exlíder del PP en esta provincia, se enfrenta a 13 años de cárcel, 15 de inhabilitación para cargo o empleo público, y a multas y sanciones millonarias en el juicio que le llevará al banquillo dentro de una semana acusado de un delito continuado de tráfico de influencias y otro de cohecho, así como de cuatro delitos fiscales.

La Fiscalía Anticorrupción anticipó ayer que el 2 de octubre, día en que echará a andar la vista oral en la Audiencia Provincial de Castellón, mantendrá ante el tribunal de la Sección Primera que el exgobernante utilizó sus influencias en el partido y en los gobiernos de José María Aznar para acelerar y lograr licencias de fabricación y venta de productos fitosanitarios para el empresario Vicente Vilar, quien le habría pagado, al menos, algo más de 350.000 euros en comisiones por las gestiones realizadas en su beneficio entre 1999 y 2003.

El expresidente de la Diputación de Castellón, un dirigente con notable capacidad de influencia tanto regional como nacional en el PP en las últimas décadas, logró mantener reuniones con varios ministros y altos cargos del Ejecutivo, así como con diputados y senadores, para favorecer y acelerar los intereses comerciales del propietario de Naranjax SL y de la esposa de este, Montserrat Vives, ambos también acusados en este procedimiento.

Según la narración de hechos que hace la Fiscalía, Fabra mantuvo entrevistas a lo largo de varios años, entre otros, con el entonces ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y hoy presidente del Congreso, Jesús Posada, con la entonces ministra de Sanidad y Consumo y hoy vicepresidenta en la misma cámara legislativa, Celia Villalobos, y con el entonces jefe de gabinete de la Presidencia del Gobierno, Alfredo Timermans.

Anticorrupción acusa por estos hechos al matrimonio de empresarios de sendos delitos continuados de cohecho, por lo que reclama para cada uno una pena de cuatro años de cárcel y una multa de 600.000 euros, también por cabeza.

3,5 millones en negro

El Ministerio Público, además, defenderá ante el tribunal que tanto Fabra como su exmujer, María de los Desamparados Fernández, que también se sentará en el banquillo, realizaron entre 1999 y 2004 un gran número de operaciones bancarias en efectivo por valor de más de 3,5 millones de euros que, según los informes periciales que constan en la instrucción, «no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados y que fueron ocultados a la Hacienda Pública».

La importante presunta ocultación de capital a Hacienda habría generado una defraudación de impuestos por Fabra de 693.074,3 euros en cuatro años y de 428.644,5 euros en tres ejercicios por parte de Fernández. Estos hechos son los que llevan a Anticorrupción a pedir para el expresidente de la Diputación castellonense cuatro delitos fiscales, castigados con ocho años de cárcel, el pago del capital defraudado más los intereses y una multa de 1,4 millones de euros. Por igual razón, su exmujer se enfrenta a seis años de cárcel por tres delitos, al pago de lo defraudado más la mora, y a una multa adicional de 860.000 euros.