Intervención controlará las transferencias de financiación cuestionadas en el caso ERE

La corrupción va a seguir siendo el tema dominante en el nuevo periodo de sesiones. El Partido Popular no está dispuesto a soltar la presa y la sesión parlamentaria de ayer, la primera de control de la presidenta Susana Díaz, volvió a girar sobre un problema político que el «nuevo tiempo» quiere dejar atrás con tanto interés como la oposición se obstina en mantener en la agenda.

Díaz lo sabía y contraatacó, en el turno de réplica, con el anuncio de una medida nueva, que sumar a la batería de iniciativas que presentó en su discurso de investidura. La presidenta comunicó al Parlamento que va a pedir un informe a la Intervención General de la Junta de Andalucía para que establezca «formalmente» los criterios para controlar «sin asomo de duda» las transferencias de financiación, el procedimiento administrativo que según la jueza Alaya se estableció siendo consejera de Hacienda Magdalena Alvarez, y que continuaron hasta al menos 2010, con Griñán de presidente, para hacer posible las ayudas sociolaborales, sin fiscalización alguna, que dieron lugar al caso de los ERE fraudulentos. Es la llamada «trama política», por la que están imputados una veintena de altos cargos.

Susana Díaz lamentó que el PP-A esté «obsesionado» por los ERE, tanto que «no presentan una sola propuesta que interese a los andaluces», después de que Zoido iniciara su intervención diciéndole que «usted está aquí por la corrupción en el manejo de fondos públicos». Se lo puso en bandeja a la nueva presidentaen su réplica: «Yo estoy aquí por el buen funcionamiento de la democracia y la mayoría de izquierdas que han votado los andaluces, pero lo estoy porque quiero, y no como usted, que no sabe por qué está ahí, cuánto tiempo va a estar, no toma decisiones y está a regañadientas».

Díaz volvería a golpear en el punto débil al presidente del PP-A en su réplica y aludió a la provisionalidad de su liderazgo, que durará «hasta que Génova decida».

Juan Ignacio Zoido había planteado una relación de exigencias en su discurso para que la presidenta demuestre con «hechos» su voluntad de luchar contra la corrupción, porque «látigo y amparo no caben en el mismo saco».

Así, Zoido pidió a la presidenta que responda a las 507 preguntas que su grupo ha planteado, sobre todo en materia de fondos de formación; que entregue la relación de todas las personas que ocupan puestos de libre designación en todoas as empresas públicas, «donde me temo que encontraremos apellidos de su partido»; que encargue auditorias donde haya la más mínima sombra de corrupción y que se persone como acusación en las causas en las que esté en juego el uso irregular de fondos de la Junta de Andalucía.

También reclamó explicaciones acerca de un documento que mostró por el cual el Consejo Consultivo ha dadoel visto bueno a que se archive un procedimiento para que Empleo recupere unas subvenciones concedidas en 2012 a los extrabajadores de la empresa Hitemasa, por importe de unos 18 millones de euros en total.

Por lo demás, Díaz intentó, con lograrlo, que el PP se comprometa a presentar las declaraciones de la renta de los cónyuges de sus diputados, para que «se retraten» y puedan «detectar los jaguares en los garajes», en alusión al coche presuntamente regalado por la trama Gürtel al marido de la ministra Ana Mato.

Pensiones

La presidenta de la Junta aprovechó también la ocasión para anunciar que mantendrá el complemento a las pensiones mínimas y que las revalorizará según el IPC, para marcar distancias de la política del Gobierno central, tras invitar a Zoido a sumarse a su petición de que Madrid pague los 214 millones de euros que adeuda a andalucía para el pago de dependientes.

Aunque la presidenta inició su intervención expresando su deseo de que estas sesiones no sean «un frontón», sino que estén dominadas por el consenso, para recuperar el valor de la política, la sesión no respondió a esa expectativa.

Por lo demás, la presidenta respondió a la pregunta del portavoz ded IU, José Antonio Castro, reiterando su defensa de un sistema de financiación «justo y equitativo» con Andalucía y ofreció su intervención para resolver el problema del independentismo catalán, en resupuesta a su grupo parlamentario.