Artur Mas mantiene la consulta en 2014 y si no convocará un plebiscito

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, no está dispuesto a moverse ni un milímetro de la hoja de ruta soberanista que pactó a principios de la legislatura con Esquerra Republicana de Catalunya. A pesar de que en las últimas semanas, en coincidencia con el inicio del diálogo con Mariano Rajoy, había abierto con timidez alguna puerta a ralentizar el proceso hacia la consulta, Mas reafirmó ayer en el debate de política general en el Parlamento autonómico que el principal objetivo de la legislatura es convocar el referéndum sobre el futuro de Cataluña en 2014. No hay marcha atrás y su intención es fijar antes de fin de año la fecha y la pregunta, así como el marco legal que ampare la consulta.

Mas emplazó al presidente del Gobierno central a pactar el derecho a decidir, aunque el dirigente nacionalista dejó bien claro que no prolongará las conversaciones más allá de Navidades, que es cuando CiU y ERC quieren dejar todo cerrado. «Queremos celebrar la consulta de manera acordada con el Estado, o como mínimo en un marco de tolerancia y por tanto en ausencia de conflicto jurídico», afirmó. Pero si finalmente, como ya ha expresado el Ejecutivo central, la convocatoria no recibe el permiso necesario, el presidente de la Generalitat advirtió a Rajoy de que utilizará todos los «instrumentos democráticos y legales» a su alcance para que el pueblo de Cataluña pueda decidir su futuro. Entre esas herramientas, citó la «convocatoria de elecciones» en clave plebiscitaria.

Hace dos semanas, situó el escenario de los comicios plebiscitarios en un horizonte de 2016, lo que fue interpretado desde diferentes frentes como un frenazo en el proyecto independentista. Mas quiere ganar tiempo, se decía entonces. En cambio, en el discurso que abrió ayer el debate de política general, no puso fecha a las plebiscitarias para no incomodar a Esquerra, que exige una consulta cuanto antes y si no lo hace perderá su apoyo para gobernar. ERC aplaudió el discurso de Mas, y si alguna conclusión puede extraerse de las palabras del gobernante catalán es que la amenaza de la convocatoria de comicios anticipados estará presente durante todo el mandato.

Dentro de la ley

Sobre lo que tampoco dio pistas es sobre qué quiere preguntar a los catalanes. «¿Acepta el Estado una consulta para conocer la voluntad de los catalanes sobre el futuro político del país?», cuestionó a Rajoy. Su idea es pactar con el resto de partidos favorables al derecho a decidir el contenido del referéndum. Mas no quiso problemas con Esquerra, que pide una pregunta inequívoca sobre la independencia, pero menos con Unió Democrática, su socio en CiU, que rechaza la secesión y plantea una tercera vía en la que se pudiera plantear al electorado un cambio de estatus político, que pasaría por un pacto fiscal, competencias en lengua, cultura y modelo educativo, así como presencia en organismos internacionales, es decir una autonomía en grado superlativo.

Mas, que se comprometió a no vulnerar la legalidad, a diferencia de intervenciones anteriores, en las que ha llegado a decir que la consulta se celebraría de cualquier manera, no hizo referencia a la tercera vía de Unió, aunque sí recordó a Rajoy que en los contactos que ambos se han comprometido a mantener solo está dispuesto a negociar sobre la consulta y su marco legal.

Esa es la línea roja que pone el jefe de la Generalitat para negociar con el presidente del Gobierno, al que transmitió que las urnas son la «solución y no el problema». El derecho a decidir y la celebración de la consulta son, dijo, el instrumento que evitaría el choque de trenes.

Mas, que ve imposible el encaje de Cataluña en el Estado mediante el catalanismo tradicional y que entiende que los catalanes ya no confían en el Estado central, anunció que el próximo año, fruto de la política de ajustes aplicada desde 2011, no habrá más recortes. Hasta habló de brotes verdes, dibujó un escenario bastante optimista y señaló que si el Gobierno central compensara a la Generalitat por el impuesto sobre los depósitos bancarios que tiene recurrido ante el Constitucional, restituirá la paga extra que los funcionarios catalanes han perdido temporalmente.