El fiscal se opone a la entrega de los policías franquistas que pide Argentina

En línea con el criterio de no investigar los delitos del franquismo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso ayer a la detención de tres policías y un guardia civil españoles reclamados por una juez de Argentina por su supuesta implicación en varios crímenes cometidos en los años setenta.

El fiscal Carlos Bautista remitió un escrito al juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, en este caso el de Pablo Ruz, en el que argumentó su rechazo a cumplir las órdenes de arresto llegadas desde Interpol y pidió que Argentina solicite la extradición a través del Ministerio de Justicia, no por vía policial.

Este tecnicismo formal aludido por el fiscal esconde razones más profundas para no apoyar la petición de la juez María Servini, que investiga a los cuatro por los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, torturas y sustracción de menores.

El fiscal, cumpliendo el criterio seguido por su superior, el fiscal jefe Javier Zaragoza, en los casos de la memoria histórica que trató de investigar el exjuez Baltasar Garzón, justificó que la detención de los querellados no es necesaria «habida cuenta de la antigüedad de los hechos», que además han prescrito y están amnistiados.

Los reclamados son el guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, que participó en el golpe de Estado del 23-F; el policía Celso Galván Abascal, escolta de Franco y del Rey que acabó como jefe del Gabinete de Seguridad Ciudadana de Madrid en 1993, aunque falleció en 2009; el excomisario José Ignacio Giralte González, que trabajó en la Brigada Político Social; y el también excomisario Juan Antonio González Pacheco. Este último, de 67 años, es el más conocido por sus métodos expeditivos en la extinta Dirección General de Seguridad. Apodado 'Billy el Niño', al menos 17 testimonios lo sitúan en el mando de las torturas en los calabozos del edificio de la Puerta del Sol.

Servini dictó el 18 de septiembre una orden de busca y captura contra ellos tras admitir en 2010 una querella de víctimas españolas residentes en Argentina. La juez reclamaba su detención para tomarles declaración indagatoria e incluía un exhorto al Gobierno español para colaborar en su localización. La resolución de la juez se enmarca en la causa abierta en Argentina por «delitos de genocidio y/o lesa humanidad» cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.