El Ejecutivo descarta por ahora regular el papel del Príncipe de Asturias

El Gobierno no está de acuerdo con su partido y no aprecia ninguna necesidad de regular el papel del Príncipe de Asturias ante los evidentes problemas de salud del Rey. «No hay encima de la mesa ningún tipo de proyecto» en ese sentido, aseguró el ministro de Justicia después de que la secretaria general del PP dijera la víspera que el Gobierno «tiene la obligación de llevar con prudencia, sensatez y discreción todo lo que atañe a la regulación de la Corona o del sucesor». Alberto Ruiz-Gallardón no quiso, con todo, cerrar la puerta a esa posibilidad porque aunque la regulación existente es, a su juicio, suficiente «eso no significa que pueda haber regulación complementaria». El Gobierno lo que no quiere es dar la impresión de que actúa movido arrastrado por los hechos, como la nueva operación de cadera del Rey, que vuelve a dejar en manos del Príncipe de Asturias las tareas de representación durante los dos a seis meses que dure la recuperación.

El titular de Justicia fue muy claro, la regulación del papel del heredero así como la ley orgánica de la Corona, pendiente desde la aprobación de la Constitución en 1978, son tareas que se deben acometer con tranquilidad, «fuera de situaciones coyunturales». Un criterio en línea con el expuesto el pasado viernes por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, pero que María Dolores de Cospedal puso el lunes en entredicho al defender la conveniencia de regular el papel de don Felipe de Borbón.

Una idea que contó con la receptividad de los socialistas, cuya vicesecretaria general, Elena Valenciano, defendió la elaboración de un Estatuto de la Casa del Rey en el que se incluyan todas las normas que afecten a la actividad de la Familia Real. Valenciano también matizó que no es un asunto urgente, pero que hay que encarar «cuando sea posible». Una idea que apuntaló ayer la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, porque es «necesario» abordar las cuestiones que afectan a la Monarquía y que carecen de marco legislativo. La dirigente socialista se refería al estatuto del heredero a la Corona, así como a otros aspectos que atañen a la sucesión y a la Familia Real, y que están en un limbo legal.

Inexistente

El Príncipe de Asturias es una figura casi inexistente en la Constitución, que solo dice que sucederá al Rey a su muerte y ocupará su puesto durante en caso de regencia. Pero don Felipe no tiene funciones ni papel. Por no estar, no está ni aforado y puede ser juzgado en un tribunal ordinario. Su actividad se guía por criterios pactados entre la Zarzuela y el Gobierno, como su presencia en las tomas de posesión de los presidentes latinoamericanos, actos en los que representa al Ejecutivo, no al Rey.

Si el Gobierno y el PSOE no ven razones para las urgencias para completar un vacío legal de hace 35 años, UPyD si las tiene y su líder, Rosa Díez, anunció ayer que esta semana presentará una propuesta de Estatuto del Príncipe de Asturias cuya aprobación no requerirá de cambios en la Constitución. «Es imprescindible» cubrir ese hueco, comentó la diputada sin dar detalles de su iniciativa. Lamentó, no obstante, tener que actuar «por la urgencia» de la intervención quirúrgica del Rey.

CiU tampoco ve necesaria la reforma constitucional porque existen mecanismos jurídicos para ampliar las funciones del heredero de la Corona en casos como el actual. El PNV, según su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, cree que «podría tener sentido» el Estatuto del Príncipe de Asturias. Para el resto de fuerzas es un asunto baladí porque, según IU, son «asuntos familiares» que no entran en el fondo del asunto, que no es otro que un referéndum sobre Monarquía o República como forma de Estado.