Lapuerta no declarará ante el juez Ruz porque aún tiene secuelas de sus caídas

El extesorero del PP Álvaro Lapuerta prosigue su recuperación tras las dos «extrañas» caídas de marzo y abril pasado que le dejaron impedido y le llevaron a pasar 14 días en coma inducido. Su lenta mejoría ya le permite salir con regularidad de casa a misa y vuelta al hogar en su vehículo.

Sin embargo, el histórico guardián de las finanzas populares sigue sin estar en condiciones por ahora de acudir a la Audiencia Nacional y sentarse como imputado delante del juez y del fiscal y responder a todas sus preguntas referidas al 'caso Bárcenas', la supuesta contabilidad secreta del PP.

Esta es, en resumen, la conclusión del informe de los forenses del tribunal que le examinaron el 13 de septiembre en su domicilio de Madrid. Un análisis que diez días después ya está en el despacho del juez instructor del caso, Pablo Ruz, que en virtud de los argumentos médicos deberá emitir una providencia para aplazar la declaración del octogenario extesorero popular.

A la espera de conocer en detalle el informe, para los especialistas, Lapuerta sigue padeciendo «secuelas neuropsíquicas» provocadas por sus dos caídas, es decir, que pese a la mejoría de su movilidad mentalmente no puede afrontar una declaración tan ardua como la que le espera, después de que su sucesor Luis Bárcenas le implicara de forma directa en la contabilidad secreta de su partido en la comparecencia judicial del pasado 15 de julio.

El juez Ruz ordenó esta diligencia en una providencia después de que el director del Instituto de Medicina Legal de la Audiencia Nacional y otro especialista médico trasladaran en un primer análisis realizado en julio que Lapuerta, de 85 años, no reunía «las condiciones óptimas necesarias para realizar una declaración judicial compleja».

Tras recibir ese primer informe, Ruz renunció a citar a declarar como imputado a Lapuerta aunque acordó que se le realizara un nuevo informe médico a partir del 1 de septiembre para valorar «la existencia o no de mejora clínica». Pues bien, ese examen llegó el 13 de septiembre y las conclusiones vuelven a ser contrarias a su declaración.

En sus dos comparecencias ante la Justicia, en febrero y en marzo, el extesorero negó la existencia de una contabilidad paralela en el PP y afirmó que jamás vio ningún papel que sustentara ese hecho ni mucho menos el pago de sobresueldos a los dirigentes procedentes de una caja B. Claro que eso fue antes de que Bárcenas declarara lo contrario.

«Iría a declarar»

La única certeza es que, en una de sus salidas de casa, Lapuerta comentó que acudirá a declarar. «Si me llaman sí que iría», dijo a una televisión a finales de agosto, antes de señalar que será entonces cuando se sepa si mantiene su versión. Una afirmación que dejó más interrogantes que certezas en la sede de la calle Génova de Madrid.

En el partido cruzan los dedos para que Lapuerta no enrede más si cabe la madeja de un caso que ha abierto grietas. Por ello, en público, en privado o ante el juez Ruz, los principales dirigentes populares y otros políticos afectados por la marejada de la supuesta contabilidad en negro se afanan en presentarlo como una persona honorable y «espejo de la legalidad», según declaró en sede judicial el vicesecretario general Javier Arenas, frente al «mentiroso y sinvergüenza» de Bárcenas.

Es cierto que ha habidos sonoras excepciones, como la del portavoz parlamentario de Economía, Vicente Martínez Pujalte -«el señor Bárcenas o el señor Lapuerta tanto monta, monta tanto», dijo el pasado 19 de agosto-, pero, salvo este patinazo, por el que fue amonestado con severidad, en la cúpula popular no existe intención de cargar contra él, «porque vale más por lo que calla que por lo que sabe».

Pero más allá del valor de su testimonio, que por ahora tendrá que esperar, el juez está pendiente de recibir un informe pericial que podría «concretar su imputación». Se trata de un análisis caligráfico que debe cotejar las firmas que obran en los documentos que Bárcenas aportó en el juzgado el 15 de julio con la supuesta contabilidad secreta, con la rúbrica de un crédito hipotecario que Lapuerta firmó en 2006 para comprar el edificio de la calle Génova. Si se concluye que la firma coincide con la suya, también tendrá un problema como su sucesor.