El Gobierno proyecta subir las bases máximas de cotización en 2014 e incluir pagos en especie

El Gobierno volverá a recurrir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social para pagar las pensiones. Acaba de sacar 300 millones de euros del fondo de prevención de las mutuas de accidentes y en pocos días utilizará otros 700 millones del fondo de reserva. Con esos mil millones pagará las retenciones del IRPF de las pensiones correspondiente al tercer trimestre. Pero no será la última incursión en el Fondo de Reserva, ya que, ineludiblemente, tendrá que utilizar alrededor de 7.000 millones de euros del mismo para abonar la paga extra de Navidad a los pensionistas. Este año, la Seguridad Social cerrará con un déficit de unos 14.000 millones de euros y ya ha recurrido al fondo de reserva por 4.500 millones en lo que va de año, con lo que el saldo total del fondo se ha reducido a cerca de 58.000 millones de euros (sin contar los intereses que devenga el fondo). El año pasado sacó 7.003 millones del fondo de reserva y 4.680 del fondo de prevención de las mutuas, cerrando la Seguridad Social con un déficit de 11.680 millones de euros.

En esta difícil situación de tensiones presupuestarias y de tesorería, el proyecto de ley del factor de sostenibilidad enfila la recta final antes de ser enviado al Parlamento. El viernes, el Consejo de Ministros aprobará el nuevo índice para actualizar las pensiones, que dejarán de estar referenciadas al IPC y será sustituido por una fórmula que tendrá en cuenta los ingresos y gastos del sistema. Mientras no exista equilibrio presupuestario la actualización de las pensiones será inferior al IPC, por lo que se perderá poder adquisitivo esos años. Fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social aseguran que el nuevo modelo induce a comportamientos «positivos» porque, si el Gobierno quiere subir más las pensiones, tendrá que adoptar medidas que incrementen los ingresos o que reduzcan otros gastos. Precisamente, con el objetivo de obtener más ingresos el año que viene, según fuentes del departamento que dirige Fátima Báñez, el Gobierno estudia una nueva subida de las bases máximas de cotización, que ya aumentaron en cinco puntos porcentuales este año, lo que ha permitido recaudar 600 millones de euros más. En estos momentos, la base de cotización máxima está situada en 3.425 euros mensuales. Sin embargo, la subida de la pensión máxima fue de solo un punto porcentual, hasta los 2.548 euros al mes. Está descartado, en principio, subir las bases mínimas de cotización porque su aportación al sistema es mucho menor (30 millones por una subida de un punto) y porque las que han estado más tiempo congeladas han sido las bases máximas.

Pero, además, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social quiere que las bases de cotización se acerquen a los salarios o ingresos reales. Para ello, pretende incorporar a las bases conceptos salariales por los que ahora no se cotiza. Por ejemplo, las dietas o incluso las retribuciones en especie. La idea que subyace es que, puesto que se tributa a Hacienda por esa parte de la remuneración, también debería cotizar a la Seguridad Social por ello. Por ejemplo, cuando la empresa 'regala' un coche a uno de sus ejecutivos, Hacienda lo considera retribución en especie y hay unas normas para que un porcentaje de su valor tribute como ingreso del trabajador, pero eso actualmente no tiene su reflejo en las cotizaciones sociales. El Gobierno cuenta con tener el apoyo de los sindicatos en la subida de las bases máximas de cotización.

Próxima reforma: viudedad

La negociación sobre el factor de sostenibilidad abrirá el camino a la que posiblemente será la próxima reforma del sistema de pensiones: las prestaciones por viudedad, orfandad y favor familiar. En estos momentos, estas prestaciones suponen alrededor de 22.000 millones de euros al año y los beneficiarios suman más de dos millones y medio de personas (2,34 millones de prestaciones de viudedad, 308.000 de orfandad y 37.670 de favor de familiares).

Desde CCOO se ha planteado que las pensiones de viudedad y orfandad sean cubiertas a través de los Presupuestos Generales del Estado y no con las cotizaciones sociales, lo que sin duda aliviaría a la Seguridad Social. Fuentes del Gobierno aseguran que el Ejecutivo está dispuesto a estudiarlo, pero dentro de un debate más amplio que incluya la «reordenación» de estas prestaciones. «Se trata de una operación de enorme envergadura económica y repercusión social», señalan, y «no se puede tomar una decisión de la noche a la mañana». El rediseño de estas pensiones iría desde si se vinculan o no a los ingresos familiares, hasta reconsiderar si son vitalicias o si se pueden compatibilizar con otras prestaciones. En todo caso, no se incluirá en la reforma que entra en vigor en enero y no tendría efectos retroactivos.

Fuentes del Gobierno recalcan que las pensiones inferiores a 1.000 euros ganarán este año poder adquisitivo ya que subieron un 2% en enero y la inflación en el próximo mes de noviembre quedará en torno al 1%. Sin embargo, esa subida del 2% para las pensiones bajas (el resto subió solo un 1%) se hizo para compensar que el año pasado no se actualizaron las pensiones para corregir la desviación de la inflación en 1,9 puntos porcentuales (el IPC en noviembre fue del 2,9%).