La juez Alaya impone 46,6 millones de fianza al exviceconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía

La juez que investiga supuesto fraude de los ERE pagados por la Junta de Andalucía ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 46,6 millones de euros al ex viceconsejero de Presidencia de la Junta Antonio Lozano. Fija esa cantidad al entender que como responsable de la Dirección General de Presupuestos entre 2002 y 2009 “pudo o debió conocer” el uso indebido del mecanismo de transferencias de financiación para pagar subvenciones sociolaborales.

Lozano, que fue número 2 de la actual presidenta autonómica Susana Díaz, está imputado de prevaricación y malversación de capitales tras prestar declaración la pasada semana. Aunque interrumpió su comparecencia porque entendió, según explicó entonces su letrado, que no se estaban salvaguardando sus garantías a causa de los reproches de la juez Mercedes Alaya y sus intentos por dictar las respuestas que se transcribían en el acta de la declaración.

No obstante, según consta en el auto que fija la responsabilidad pecuniaria, Lozano reconoció que, pese a que era el sistema usado por la Consejería de Empleo para dar ayudas a empresas en crisis, el “mecanismo de transferencias de financiación no era el adecuado para conceder” esas subvenciones de carácter laboral, pero no impidió su uso.

Así, Lozano habría contribuido a “distorsionar la financiación de la Junta y a la falta de control”, ya que como responsable de Presupuestos, aprobó 12 modificaciones presupuestarias que supusieron una ampliación de fondos para dichas ayudas por valor de 57 millones de euros.

“Parece pues que lo que se pretendía por el inculpado, en connivencia con otros, era conseguir un sistema fácil para la concesión de ayudas sociolaborales, de forma que bajo el argumento de la agilidad y de la paz social se otorgaran las citadas subvenciones de espaldas a la Intervención y a cualquier control, vulnerando los principios de objetividad, libre concurrencia, publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación”, señala el auto judicial.