Impagos regionales

Los ayuntamientos y las administraciones provinciales se han convertido, en muchos casos, en los salvadores de muchos colectivos, que hace años que ven cómo sus demandas no se ven resueltas por quienes deberían, en este caso, los responsables de la Junta. Esto es lo que le sucede a los trabajadores de la ayuda a domicilio. Desde mediados de 2012, el Gobierno andaluz acumula numerosos retrasos en el pago del servicio, tanto que los Consistorios se han visto obligados a adelantar el dinero para garantizarlo. A pesar de las promesas recibidas, ese dinero tarda demasiado en volver a los ayuntamientos, así que la deuda aumenta cada día.

Según los datos estimados, la Junta debe actualmente a las arcas municipales de la provincia más de 13 millones de euros, en el caso de Jerez, uno de los consistorios más endeudados, tiene pendiente el reembolso de 1,8 millones de euros.

Estos retrasos acumulados conllevan otros problemas que son los que al final llegan al ciudadano. Y es que se pone en riesgo la calidad y la continuidad de la ayuda a domicilio. Tal y como está sucediendo en otros muchos sectores, como la Educación y la Sanidad, los trabajadores llevan meses saliendo a las calles para reivindicar el pago de sus nóminas. Unos abonos que deben asumir los Ayuntamiento, pero que se ven incapacitados al no recibir lo adeudado por el Gobierno regional.

Precisamente, lo extraño de esta situación, es que la Ley de Dependencia, aprobada en 2006, fue una de las banderas del Gobierno socialista, una apuesta por el bienestar social y la ayuda a los dependientes, que incluía mejoras en los pagos y permitía dar de alta a los cuidadores no profesionales. Una pena que sus compañeros andaluces no trabajen en la misma línea.