La autoridades han destruido 500 toneladas de droga incautada en 2013
Se trata del 72% de los estupefacientes confiscados desde enero, que se han quemado en un solo vertedero a la espera de nuevos centros
MADRID.Actualizado:En España existe un grave problema de salud pública y seguridad con el almacenamiento y la destrucción de la droga confiscada a los narcotraficantes. Solo el año pasado se quemaron 300 toneladas de estupefacientes que rebosaban en una multitud de depósitos repartidos en todo el país, muchos de ellos abiertos al público en centros urbanos con escasa vigilancia. No son pocas la noticias de narcos o ladrones que han sustraido droga de estos almacenes que antes les había decomisado la Policía.
Pues bien, para poner cerco a esta disfunción en octubre de 2012 se firmó un acuerdo de colaboración entre el Gobierno, el Consejo del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado para hacer más seguro y rápido el almacenaje y la destrucción de los estupefacientes, así como garantizar que los detenidos pillados «con las manos en la masa» fueran condenados, ya que no es el primer caso de acusados absueltos porque la droga que les interceptó la Policía se perdió por el camino.
Once meses después de ponerse en marcha este protocolo, ya se empieza a vislumbrar los primeros resultados. Desde enero hasta el 31 de julio se han quemado cerca de 500 toneladas de droga incautadas, lo que supone el 72% del total almacenado. La cifra por sí sola es muy llamativa, ya que en todo 2012 se destruyeron 300 toneladas y con la entrada en funcionamiento del convenio se han multiplicado de forma exponencial en sólo siete meses.
¿Qué ha cambiado? «El protocolo de colaboración regula todo el proceso y garantiza la cadena de custodia de los alijos, agilizando la destrucción de la droga en semanas y conservando muestras como pruebas para el juicio», apunta el vocal del Poder Judicial Manuel Almenar. Este punto es clave, ya que antes se guardaba como prueba toda la droga confiscada, con el riesgo de que fuera sustraída, y ahora le ley permitea a los jueces ordenar su destrucción en 30 días.
Asimismo, otro de los desafíos para las autoridades será aumentar los puntos de destrucción de droga para descargar de trabajo el único centro activo en España, una incineradora de Asturias. Próximamente se abrirán otras dos en Andalucía y una en Madrid y Tarragona. También se trabaja en la reducción a la mitad, a una veintena, los puntos de depósito de incautación y reforzar sus medidas de seguridad.