Una ley obligará a los partidos políticos a identificar a todos sus grandes donantes

Las cuentas de los partidos políticos dejarán de ser un terreno yermo. El Plan Regeneración Democrática del Gobierno, que ayer recibió el visto bueno del Consejo de Ministros, pretende abrir de par en par la contabilidad de todas las formaciones que posean representantes en cualquier administración pública. Entre las medidas, que afectan a una decena de leyes, destaca la obligación de reflejar en la cuenta de ingresos de los partidos todas las subvenciones públicas que reciban y, sobre todo, todas las donaciones de particulares que superen el límite que marcará la propia ley. Una herramienta decisiva para combatir la financiación ilegal de los partidos que, por primera vez, pasará a ser delito penal.

La luz y los taquígrafos llegarán al área de gestión económica-financiera mediante la regulación de la figura del tesorero y un refuerzo de la fiscalización mediante fórmulas de colaboración entre el Tribunal de Cuentas y organismos públicos -Agencia Tributaria, Entidades Gestoras de la Seguridad Social y la Oficina de Conflictos de Intereses- y privados, con la cooperación obligatoria» de bancos y entidades financieras. Un Plan de Regeneración Democrática que, visto con el prisma de la actualidad política, parece ideado para combatir el efecto nocivo que ha provocado el escándalo de las cuentas suizas de Luis Bárcenas y las acusaciones del extesorero popular sobre la existencia de una contabilidad B en el PP. Tanto es así, que esta propuesta contempla la Oficina de Conflicto de Intereses investigue el patrimonio de los cargos públicos que abandonen su cargo para detectar las situaciones de enriquecimiento injustificado. Si este mecanismo hubiera estado vigente cuando Bárcenas dejó de ser senador del PP, se hubiera descubierto la existencia de los más de 48 millones que escondía en cuentas en Suiza y en otros paraísos fiscales.

Soraya Sáenz de Santamaría, a pregunta de los periodistas, evitó vincular esta acción del Gobierno con el sumario que instruye el juez Pablo Ruz, pero indicó que el Plan tiene su origen en una de las propuestas que hizo Mariano Rajoy en el Debate sobre el Estado de la Nación, y en una resolución Parlamentaria que cosechó un amplio consenso. «La voluntad del Gobierno, reiterada por Rajoy en su comparecencia en el Parlamento del pasado 1 de agosto -que empleó casi en exclusiva en responder a preguntas sobre su relación con Bárcenas-, es que las medidas del Plan se abran al consenso con todas las fuerzas políticas en un proceso de diálogo que el Ejecutivo iniciará con los grupos políticos de forma inmediata», apostilló la vicepresidenta del Ejecutivo, que calcula que las medidas llegarán al Congreso para su tramitación parlamentaria en noviembre.

Los españoles consideran la corrupción política como el segundo problema del país, tras el desempleo, según la última encuesta del CIS. Por ello, el Gobierno, además de incrementar la vigilancia sobre los partidos, extrema el control sobre los cargos públicos. Sáenz de Santamaría avanzó que el Gobierno prohibirá el uso de las tarjetas de crédito con cargo a los ministerios y a las entidades estatales para pagar los gastos de representación y evitar así «ningún género de duda» sobre el uso de estos fondos. La lugarteniente de Rajoy acotó que, en la actualidad, ningún ministro hace uso de estas tarjetas de crédito.

Código penal

Rajoy encargó personalmente a Sáenz de Santamaría que coordinara este Plan, que ha contado con aportaciones de todos los ministerios, que se complementará con la futura reforma del Código Penal. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, expuso tras el Consejo de Ministros que a partir de que el texto entre en vigor se tipificarán como malversación todos los supuestos de gestión desleal del patrimonio público: contrataciones a precios superiores a los reales, celebración de contratos sin prestación o utilización del patrimonio público para fines privados.

«De esta forma la persecución de estas conductas será más eficaz, ya que no será preciso acreditar un enriquecimiento, sino que bastará con probar que ha existido una conducta desleal patrimonial», apostilló Gallardón.