El CGPJ rechaza la custodia compartida del ministro Gallardón

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechaza que sean los jueces los que impongan la custodia compartida de los hijos a los padres, aunque estos se opongan y sea lo mejor para los menores, tal como viene recogido en el anteproyecto del ley de corresponsabilidad parental en casos de nulidad, separación y divorcio. Esta objeción está recogida en el informe sobre el texto elaborado por el órgano de gobierno de los jueces.

El informe explica que el texto aprobado el pasado mes de julio por el Gobierno a propuesta del ministro Alberto Ruiz Gallardón la custodia compartida incorpora unos criterios legales a los que el juez deberá sujetarse para resolver respecto de esos aspectos que, en términos generales, se ajustan al criterio fijado por la doctrina jurisprudencial». Sin embargo, el documento incide en que el texto fija que la custodia compartida podrá ser establecida por el juez sin que ninguno de los progenitores lo haya solicitado con tal que ambos pidan la custodia exclusiva para sí mismos. En la actualidad, esta posibilidad de atribuir la custodia tiene un carácter excepcional, según viene recogido en el artículo 92.8 del Código Civil.

A juicio del CGPJ, la reforma propuesta por el Ejecutivo puede originar «situaciones problemáticas» que «difícilmente puede revertir en interés de los hijos, ni servir para que los padres puedan desempeñar de mejor manera las funciones inherentes a la guarda y custodia».

Es este punto advierte el informe que, por el contrario, es previsible que el otorgamiento de oficio de la guarda y custodia compartida en esos casos «agudice las tensiones y controversias» en el seno de la pareja, fricciones que «frecuentemente pueden surgir tras la ruptura de convivencia en aspectos tan transcendentes como la educación, la vigilancia y el cuidado de los hijos».

De esta manera, el órgano de gobierno de los jueces recomienda al Ejecutivo que revise el texto aprobado, porque la concesión de la guarda y custodia conjunta «debería quedar condicionada, como acontece actualmente, a que al menos uno de los progenitores solicite la aplicación de ese régimen».

El documento también cuestiona la incorporación al convenio regulador del denominado 'plan de ejercicio de la patria potestad conjunta', en lo referente a que se establezcan unos criterios para determinar la contribución de cada cónyuge a las cargas familiares y los alimentos (tiempo de permanencia de los hijos con los padres, capacidad económica de estos últimos, atribución de la vivienda familiar, etcétera).

A su juicio, fijar unos criterios de antemano «afecta a la autonomía de la voluntad de los intervinientes». Para salvar esa situación, el CGPJ propone que debería mantenerse la regulación actual sobre ese aspecto, de manera que los padres puedan pactar lo que estimen pertinente sobre ese particular, salvo que lo acordado fuera perjudicial para los hijos.