Ruz ve indicios de delito del PP en la destrucción de los discos duros de Bárcenas

Lejos de quedar en el olvido, la destrucción de las memorias de los ordenadores de Luis Bárcenas sigue trayendo de cabeza al Partido Popular, sobre todo después de que el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz apreciara ayer una «relevancia penal» en estos hechos.

El juez instructor del denominado 'caso Bárcenas', la supuesta financiación irregular durante años de los populares, considera que pudieron cometerse los delitos de encubrimiento y de daños informáticos, pero traslada el caso a un juzgado ordinario de Madrid para su investigación.

Ruz sigue así los pasos de la Fiscalía Anticorrupción y se posiciona en contra de la petición efectuada por varias de las acusaciones personadas en la causa, que solicitaban la apertura de una investigación específica en su juzgado. El fiscal Antonio Romeral, de hecho, le expuso en un escrito previo que esta diligencia no aportaría ningún resultado de interés para el avance del proceso de la contabilidad secreta del PP, aunque dejó la puerta abierta a su remisión a un juzgado ordinario de Madrid.

Así, una de cal y otra de arena para las acusaciones populares, que ven como Pablo Ruz ve indicios delictivos en la eliminación de la memoria de los ordenados del extesorero, pero no encuentra motivos para asumir las pesquisas en la Audiencia Nacional. No obstante, su postura abre otro agujero en la defensa del PP, que ha mantenido que su actuación con los discos duros fue legal en virtud de la Ley de Protección de Datos.

Los hechos se remontan a finales del pasado mes de abril, cuando el PP destruyó el contenido de las memorias de los dos aparatos portátiles que usó Luis Bárcenas en la sede madrileña de Génova 13 hasta que en enero de 2013 agotó el finiquito acordado con la cúpula popular. Este acuerdo incluía un sueldo fijo mensual, despacho, secretaria y chófer cuando lo requiriera.

La identidad del informático

El abogado de los populares, Alberto Durán, justificó entonces que la decisión de eliminar los equipos se tomó tras el archivo de la denuncia por robo que Bárcenas presentó contra su expartido en un juzgado de Madrid. Esta resolución se produjo el 21 de abril y los discos duros se destruyeron pocos días más tarde. Ya en julio, el extesorero declaró al juez Ruz que en esos dispositivos se encontraba pruebas de la supuesta financiación irregular y la entrega de sobresueldos a dirigentes en el PP, además de archivos gráficos indeterminados.

El observatorio Desc, una de las acusaciones populares del 'caso Bárcenas', informó al instructor el pasado 2 de septiembre de que la persona concreta que pudo proceder a la eliminación de este material fue el responsable de informática del partido, Javier Barrero, ya que era quien había intervenido previamente en el volcado de datos de uno a otro ordenador. Sin embargo, la responsabilidad penal se la atribuyeron directamente al representante legal de la formación por ocultar o encubrir pruebas que pudieran afectar a una investigación en marcha, como es la pieza separada de los 'papeles de Bárcenas'.

Sin embargo, en el auto de ayer, Pablo Ruz recuerda que en abril el exsenador ya estaba imputado en la causa que investiga la trama de corrupción 'Gürtel' y la nueva pieza sobre la presunta contabilidad B del PP. El magistrado asegura que estos «acontecimientos procesales constituían, al tiempo de la supuesta destrucción del material informático, hechos notorios por su difusión pública, siendo directamente conocida la apertura de la causa por el Partido Popular, que en aquel momento estaba personado como acusación popular».

El juez también advierte a la formación política de que, tras la reforma del Código Penal realizada en 2010, las personas jurídicas -como el propio PP- pueden ser consideradas responsables del delito de daños informáticos. Por todo ello, y siguiendo la postura de la Fiscalía Anticorrupción, se inhibe a favor del juzgado de instrucción de Madrid que corresponda por turno para que este decida si procede la apertura de diligencias de investigación.

El cuñado

En otro auto, Pablo Ruz acepta la petición formulada por la acusación popular para que preste declaración como testigo el exjefe de seguridad del PP Antonio de la Fuente el próximo 30 de septiembre. En este caso, la Fiscalía Anticorrupción se había mostrado favorable a la diligencias para aclarar las visitas de supuestos donantes imputados en la causa a los despachos de Luis Bárcenas y el extesorero Álvaro Lapuerta en Génova 13.

Para rizar más el rizo, se da la circunstancia de que De la Fuente es el cuñado de Bárcenas y trabajó como máximo responsable de la seguridad del edificio hasta el pasado julio, cuando el partido le relevó de sus funciones, que incluía el acceso y la vigilancia de los sistemas informáticos.