El fiscal insiste en que los policías del 'chivatazo' colaboraron con ETA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional mantuvo ayer su acusación contra los dos policías juzgados por el 'chivatazo' que abortó una operación contra ETA en plena tregua de 2006. El fiscal Carlos Bautista elevó a definitivas sus conclusiones en las que mantiene que el comisario Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros colaboraron con la banda terrorista, por lo que se enfrentan a una pena de cinco años de prisión, según la calificación del Ministerio Público.

El fiscal Bautista solo ha variado una referencia de su escrito, al asegurar que los acusados «decidieron obstaculizar para impedir la detención de Gorka Aguirre (dirigente del PNV ya fallecido) y no aceptar una determinada estrategia de lucha antiterrorista».

El táctico

De forma gráfica, el acusador hizo un repaso de los hechos ocurridos durante la mañana del soplo, el 4 de mayo de 2006. Con su narración trató de desmontar la teoría de Pamiés sobre su reunión con el confidente al tratarse de «una mentira» y negó que los acusados sean «los chivos expiatorios» del soplo, ya que, cuando «alguien juega a ser 'Harry el sucio', acaba convirtiéndose en Torrente y es la peor de las opciones», en referencia a la «chapucería nacional» del soplo.

Carlos Bautista explicó que «todo el mundo sabe que en 2006 había un acuerdo parlamentario para negociar con ETA y la estrategia de la lucha antiterrorista pasaba por eso. El señor Pamiés es el táctico y los estrategas otros, pero parece claro que (el 'chivatazo') se produjo por medios criminales, ilícitos y delictivos y no por un objetivo legítimo: acabar con ETA por medios de un proceso».

Asimismo, en su intervención final, animó a los dos policías juzgados a que, en caso de una condena por colaboración con ETA y/o revelación de secretos, «hablen como Amedo (exsubcomisario de Policía) en los GAL» para llegar «más arriba» en la responsabilidad de los hechos. Aunque cree que los indicios dan a entender que «hay otras personas» implicadas en estos sucesos, admitió que por ahora no hay elementos suficientes de prueba para corroborar que hubo órdenes políticas en el 'chivatazo'.

La petición del representante del Ministerio Público aludía a las revelaciones realizadas en los años noventa por un José Amedo condenado que lograron implicar a la cúpula del Ministerio del Interior de los gobiernos de Felipe González en la creación y los atentados de la llamada 'guerra sucia' del Estado contra la organización terrorista en los primeros años de la década anterior. Su confesión proporcionó parte de los datos que permitieron llevar a prisión, entre otros responsables políticos, al exministro José Barrionuevo por el secuestro por los GAL del ciudadano francés Segundo Marey.