Mato abre la puerta a la modificación de la ley antitabaco por Eurovegas

La ministra de Sanidad abrió ayer la tapa que cubre la caja de Pandora que es la ley antitabaco. Ana Mato aseguró en el Congreso de los Diputados que su departamento está estudiando fórmulas para compaginar el objetivo «imprescindible de la creación de empleo» con la «defensa de la salud» cuando se le ha cuestionado sobre las concesiones que se plantea el Ejecutivo ante la llegada de Eurovegas, un asunto que está provocando fricciones en el seno del Partido Popular.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid pretende que desde la Moncloa se facilite la llegada de este macroproyecto hotelero y del ocio, que prevé dar trabajo a más de 250.000 personas durante su construcción y tendrá una inversión total de 16.900 millones durante 13 años en Alcorcón. Un inmovilismo que puede provocar la marcha de la inversión auspiciada por la empresa Las Vegas Sands, según alertó Ignacio González.

«Estas grandes empresas tienen muchísimas ofertas. Todo el mundo está deseoso de coger grandes inversiones, si no se les resuelve en un plazo razonable, decide ir a otros sitios», apuntó el presidente madrileño, en una entrevista con esRadio. Ese problema que hay que resolver es el permiso para fumar en el área de juego de los seis casinos que se pretenden construir en la localidad madrileña, ya que es la inversión «más importante» que se va a realizar en Europa. González pidió premura a Mariano Rajoy porque «si no corre en los próximos días», el proyecto se esfumará.

En teste contexto fue Mato la encargada de ofrecer el primer gesto en la Comisión de Sanidad cuando fue preguntada por Eurovegas y la normativa que prohíbe encender un cigarrillo en un local cerrado, a pesar de que a continuación aseveró que el balance de la ley antitabaco es «positivo», que desde su ministerio «no se va a bajar la guardia» en esta materia y que para el Ejecutivo, «la salud es lo primero. El portavoz socialista, José Martínez Olmos, pidió a Mato que aclare «si va a modificar la ley, cuándo y por qué». Por su parte, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) le recordó a la ministra que «la salud es lo primero» y apuntó que no se pueden primar los «intereses económicos». Desde la CNPT también se recordó que muchos casinos en Estados Unidos no se fuma, con lo que mostró su sorpresa por el empeño del Gobierno madrileño en cambiar esta normativa.

Un cambio legislativo que no cuenta con el respaldo popular. Según el último Barómetro Sanitario del ministerio, los españoles rechazan suavizar la normativa y puntuaron con un 7,62 la ley que prohíbe fumar en los bares y establecimientos desde 2011. Además el 66% de los encuestados afirmaba que acude a estos locales con idéntica asiduidad que antes de aprobarse la normativa, frente a un 12,5% que asegura haber disminuido su presencia en los bares.

Tarjeta única

En su comparecencia parlamentaria, la titular de Sanidad también anunció que la tarjeta sanitaria única será aprobada mañana por el Consejo de Ministros a través de un real decreto. Este es uno de los pasos que se pactó con las comunidades autónomas para la digitalización de algunos servicios sanitarios. La tarjeta tendrá el mismo formato «individula y único» y servirá en todas las comunidades autónomas. Además, dentro de la 'e-Salud', la titular de Sanidad explicó que la base de datos de la historia clínica digital ya contempla a más de 20 millones de ciudadanos, lo que evita la repetición de pruebas. Además, el 61% de la población utiliza la receta electrónica, que se está haciendo interoperable.

Mato también realizó un balance positivo de las reformas incluidas en el real decreto 16/2012. Explicó que, por primera vez, 979.348 personas desempleadas de larga duración y sus familias, entre ellos 200.863 niños, obtienen sus medicamentos de forma gratuita cuando antes pagaban el 40%. También se jactó de que se hayan ahorrado 2.125 millones y se hayan facturado 149 millones de recetas menos desde la publicación del real decreto. Además, defendió que a casi 800.000 inmigrantes se les haya retirado la tarjeta sanitaria porque no tenían derecho a ella. Gaspar Llamazares acusó al Ejecutivo de aplicar un «apartheid sanitario» en España y que son los responsables «de este último año de infamia».