Las ayudas a los astilleros en duda no superan los 126 millones, según Hacienda

El importe máximo de las ayudas públicas de las que se beneficiaron entre el 30 de junio de 2007 y el 29 de junio de 2011 los inversores en los astilleros, cuyo reintegro a las arcas del Estado ha sido ordenada por la Comisión Europea, no supera los 126 millones de euros, según la información remitida ayer por Hacienda a Bruselas.

No obstante, la cantidad final podría ser menor. El motivo es que ese fue el importe concedido en su día, pero desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro no han de analizar ahora «caso por caso» si se llegó a disfrutar «realmente» la totalidad de los beneficios fiscales concedidos o sólo una parte.

A principios de septiembre, el Ejecutivo acordó con las comunidades autónomas afectadas -fundamentalmente Asturias, Galicia y País Vasco-, las empresas y los sindicatos del sector naval recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la devolución de esas ayudas -conocidas como 'tax lease'-, escrito que deberá ser presentado antes del próximo día 28. Dichas subvenciones, referidas al ámbito fiscal, debían ser devueltas por los inversores que financiaron la construcción de los buques, aunque no directamente por los armadores ni tampoco por los propios astilleros afectados.

Además, el Gobierno coincidió con todos los afectados en la necesidad de pasar página acerca de las devoluciones. A tal fin les presentó un paquete de medidas para reactivar los contratos en los astilleros, centradas en la facilitación de crédito para la construcción de buques.