Lozano abrirá hoy las declaraciones ante Alaya de altos cargos imputados

Antonio Lozano, exviceconsejero de Presidencia y secretario del Consejo de Gobierno, que presentó su dimisión tras la salida de José Antonio Griñán, está citado esta mañana en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Será el primero de la docena de altos cargos imputados por la magistrada Mercedes Alaya en un auto de julio pasado, entre los que se encontrala la exconsejera de Economía, Magdalena Alvarez, y buena parte del 'staff' de su área y de las de Empleo e Innovación, ninguno de los cuales está aforado, para investigar sobre la legalidad de las llamadas «transferencias de financiación».

Lozano, que deberá responder de su gestión como director general de Presupuestos entre 2002 y 2009, comparecerá ante la magistrada a las diez de la mañana, si bien su abogado, José María Mohedano, ha presentado un recurso para que se suspenda la declaración hasta que la Audiencia Provincial de Sevilla no resuelva su recurso contra el auto de imputación.

El letrado alegaba que dicho auto «compromete el corazón de derechos fundamentales, como son el derecho a la defensa, a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías, así como los principios procesales de legalidad, igualdad y acusatorio». Además, el abogado madrileño, que ya calificó de «inquisitorial» a alaya por su manera de interrogar, se queja del «retraso manifiesto» de ésta en elevar el recurso a la Audiencia, ya que fue presentado el 19 de julio y hasta ahora no ha sido tramitado por la jueza.

Añade, según indica Europa Press que, en todo caso, «el retraso manifiesto» en la elevación del recurso «no puede servir de cobertura para no acceder a lo que se solicita» desde el momento «que lo que se denuncia con la nulidad que se postula en el recurso es que la instructora ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva por manifiesta falta de concreción tanto de los hechos como de los delitos en que se basa la imputación», ya que «la decisión de considerar imputado a mi representado no fue acompañada de la exigible argumentación fáctica y jurídica que permita conocer los términos en que tal imputación se apoya».

Mohedano ha pedido también que la declaración sea grabada ya que «existe mayor garantía para las partes, incluido el Ministerio Fiscal, de que se observen los principios básicos del proceso penal, esto es, la inmediación y los derechos de contradicción y defensa, sin olvidar que es precisamente la norma procesal en relación con las declaraciones de los imputados la que exige que se documenten de la forma más exacta posible, incluso utilizando sus mismas palabras».

Por otra parte, el consejero de Justicia, Emilio de Llera, levantó ayer polémica al decir, que los medios de comunicación «airean excesivamente» los asuntos judiciales con políticos involucrados, lo que produce el «efecto perverso» de que exista «la tentación de que en los juzgados se haga política y en la política se quiera hacer justicia».

Las declaraciones, producidas en Granada, se hacían eco de otra polémica, la despertada por la sugerencia del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, de que Mercedes Alaya debe elevar ya el caso a los tribunales correspondientes.

Del Río matizó ayer que «en modo alguno» ha querido urgir a la jueza de instrucción sevillana y que comprende que la Juticia «tiene sus tiempos» y «es consciente de cuándo debe cerrar la instrucción» de un procedimiento que ha calificado de «muy delicado», algo que, según ha añadido, ocurrirá cuando la magistrada «crea que es más conveniente, habida cuenta también de las personas que van quedando citadas», según recoge la agencia Europa Press.