El PP exige al PSOE que «ponga control» tras el «ridículo» de sus ediles por el 'caso Garat'
Los socialistas no se desdicen y mantienen que «hubo financiación ilegal» y no descartan la presentación de un recurso contra el archivo
CHICLANA.Actualizado:El archivo del 'caso Garat' está provocando reacciones diversas. El lunes, el PP de Chiclana daba a conocer la noticia y, ayer, la parlamentaria popular Ana Mestre exigió a la secretaria provincial del PSOE de Cádiz, Irene García, que «ponga control» a su partido en Chiclana, tras el «ridículo» de sus concejales en relación con la presunta financiación ilegal del PP.
Mestre hizo esta petición aprovechando que García ha decidido dimitir de su cargo como alcaldesa de Sanlúcar para dedicarle más tiempo al partido. La dirigente popular criticó «los métodos y artimañas del PSOE de Chiclana», asegurando que «intentan ganar adeptos mintiendo y difamando». Entiende que García hace «un flaco favor a la democracia y a la provincia permitiendo y no haciendo nada en asuntos como éste».
Finalmente, esperó que la secretaria de los socialistas gaditanos actúe contra estas prácticas del «todo vale», ya que, «por segunda vez, ha quedado claro que las mentiras tienen las patas muy cortas».
Reacciones
El PSOE de Chiclana, por su parte, a pesar del archivo de la causa destacó, en boca de la secretaria local, Cándida Verdier, que «aunque el juez estima que esta presunta financiación ilegal no justifica la apertura de un proceso penal, está claro que los hechos han ocurrido y, por tanto, estamos orgullosos de denunciar una corrupción en Chiclana». Además, resaltó que se ha archivado provisionalmente y que existe opción de recurso contra el auto dictado por el Juzgado Número 4 de Chiclana.
La secretaria local mantiene que «hay una sospecha general de ilegalidad y ciertos indicios fundados de pagos recibidos por responsables del PP local, al margen de los controles y requisitos legalmente establecidos». Considerando que aunque esto no justifique la apertura de un proceso penal, según el auto, «no existe perjuicio de que si al depurar las responsabilidades de otra índole a que hubiere lugar, llegado el caso, pudieran ponerse de manifiesto circunstancias concretas de apariencia delictiva -de algún delito en concreto, se entiende- por lo que pudiera acordarse la reapertura de estas actuaciones».