Chaves eleva el tono y dice que el auto de Alaya «roza la prevaricación»

El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, uno de los «señalados» por el autor de la jueza Alaya como posible imputado por el caso de los ERE fraudulentos, elevó el tono de su crítica. Ayer, en el transcurso de un desayuno informativo celebrado en Madrid en el que presentaba al líder del Partido Socialista de Cataluña, Pere Navarro, volvió a mostrarse muy crítico y llegó a decir que la resolución judicial «roza» la prevaricación. «Ni contiene imputación ni apertura de imputación ni tampoco indicios de delito», enumeró a preguntas de los asistentes.

El que fuera presidente andaluz durante 19 años insistió en que es una resolución «innecesaria» y que en los «miles y miles» de documentos surgidos de las numerosas comparecencias que se han producido ante la juez su nombre «no ha sido citado».

«Lo que no es de recibo, es de alucine, es que puedan pensar que alguien, desde el presidente hasta el último consejero, se metió en un cuarto oscuro para inventarse una trama para delinquir», subrayó, lamentando que se implique al Parlamento y a la Junta de Andalucía. Y como mantiene el PSOE desde el inicio del escándalo de los ERE, ciñó toda la responsabilidad al director general de Trabajo, que gestionaba el dinero y fue quien «abusó».

Los tiempos de la jueza

El presidente del Tribunal Superior de Justicia andaluz, Lorenzo del Río, a su vez, se mostró convencido de que la juez «es consciente» de que «en un tiempo cercano» debe delimitar la parte más política de la instrucción para cerrarla y trasladarla a los tribunales superiores, que sería el TSJA y el Tribunal Supremo competentes para interrogar a los aforados.

Esta aseveración choca con la actitud de la propia Alaya, que acaba de abrir una nueva pieza separada, según confirman fuentes judiciales, para investigar cómo el dinero de las sobrecomisiones a las empresas mediadoras acabó en manos del entorno de los sindicatos.

En un auto dictado durante la 'operación Heracles', la juez apuntó a que las organizaciones de trabajadores recibieron 7,6 millones de euros por labores de asesoramiento y recogida de datos en los expedientes de regulación entre 2000 y 2010. Unos fondos que se articulaban siempre en torno al conseguidor Juan Lanzas.

Esta nueva in investigación parece apuntar de nuevo al corazón de los sindicatos, en especial a UGT, al que pertenecía Lanzas, aunque el secreto del sumario ha impedido conocer más detalles. Se trata de la quinta línea de investigación que abre la magistrada y en diversos medios se relaciona con un presunto desvío de dinero de cursos de formación, un tema por el que también está siendo investigada la central UGT en un juzgado sevillano.

Sí se sabe que la Fiscalía Anticorrupción no va a asumir las dos nuevas causas derivadas de los ERE y abiertas recientemente por Alaya, esta ampliación de la 'Operación Heracles' conocida el lunes y la llamada 'Operación Madeja', una trama de presuntos sobornos en torno al Ayuntamiento de Sevilla, por la que ha estado encarcelado el que fue asesor del alcalde socialista Domingo Enrique Castaño. En ambos casos, según informa Efe, actúan los fiscales habituales del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

En sus declaraciones a Radio Nacional, Lorenzo del Río dijo ayer que es consciente de que se intuye que una instrucción de este tipo tiene que ser «larga» por el número de imputados y la «gran cantidad de documentales, folios y periciales». De este modo, precisó con cautela que «no es lo mismo hablar de dilaciones en un proceso simple que en uno muy complejo como éste».

Así, ha abogado por que los juicios sean «cercanos» en la medida en la que permita el procedimiento y ha mantenido que «no es bueno que estemos en los telediarios y en los medios de prensa hablando de lo mismo».

El presidente, como luego diría en el discurso de apertura del Año Judicial, manifestó que en términos generales los tribunales contemplan la corrupción «con preocupación» porque son conscientes de que los ciudadanos «quieren respuestas a esas denuncias que no obedecen a la ética publica».