Una cuestión que se esquiva A llí el sueño, aquí el cuento

Hace ya unos cuantos años del comienzo de las campañas públicas de sensibilización medioambiental llevadas a cabo en los centros escolares, cientos de niños han recibido información y han participado en actividades en centros de tratamiento de residuos al objeto de extender la concienciación social, y las familias han ido adoptando conductas de consumo arbitradas por la regla de las tres erres: reducir, reciclar y reutilizar. Hay buena cantidad de charlas, eslóganes y juegos interactivos dedicados a conocer y asimilar la necesidad de cambiar de hábitos derrochadores e insostenibles en el tiempo, pero la moderación en el gasto y uso de los libros de texto parece ser una cuestión que se esquiva. Si las facturas y recibos en papel disminuyen, si la ciudadanía actúa como protagonista principal en el reciclaje de cartón y si las empresas procuran reducir el tamaño y peso de los embalajes, ¿por qué no aprovechar durante más cursos unos libros cuyos contenidos continúan siendo materia de estudio y evaluación?.

Hace aproximadamente 20 años que empezó el sueño madrileño de hacer unas olimpiadas, allí, en Madrid. Durante estos 20 años nos hemos gastado en ese sueño una cifra incalculable, tanto que solo el Ayuntamiento de Madrid debe más que el resto, sin contar todo lo que se han gastado, allí, las demás instituciones. ¿Pongamos por caso seis mil millones de euros ¿Alguienpuede corregir o contradecir esa cifra? No, porque ha sido un pozo sin fondo, en dinero y en desinformación. Esos miles de millones de euros han creado, allí, una superestructura de obligaciones, servicios y trabajo, incluso burocrática, que ha hecho que Madrid viva a costa del sueño.

Hay que explicarle a ese letón -que dijo: «si hay legitimidad en el proceso, ¿por qué no?- que tenemos un artículo en la Constitución que dice que sólo puede haber un referendum votamos todos los españoles esa supuesta independencia. En caso de que ese referéndum se celebrara en Cataluña solamente, el Gobierno de España con otro artículo está facultado para disolver el parlamento de Cataluña.