Una investigación que acaba con 33 imputados

Una treintena de personas ha acabado imputada en la investigación que hace más de un año inició la Guardia Civil de Cádiz ante la posible existencia de una red de mordidas en el seno de la Jefatura provincial de Tráfico. La denuncia que llegó al equipo de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz aseguraba que el núcleo central del caso, un grupo reducido de funcionarios, estaría cobrando sobresueldos a cambio de agilizar trámites, realizar favores que suponían al cliente no pagar determinadas tasas y allanar el camino de la burocracia a cambio de una contraprestación económica. Este asunto, que se ha llevado con suma discreción hasta el punto que el Instituto Armado no ha realizado ningún tipo de comunicado oficial pese a la elevada cifra de personas que fueron detenidas e interrogadas en calidad de imputadas en el cuartel de la capital gaditana, ya ha culminado la fase netamente policial. La cifra definitiva que ha pasado a disposición de la jueza de Instrucción nº 4 de Cádiz es de 33 imputados, según confirmaron fuentes directas del caso a este periódico.

LA VOZ destapaba a principios del mes de junio la existencia de una investigación en curso en el corazón de la Jefatura provincial de Tráfico. Las pesquisas habían generado un escándalo mayúsculo en ese departamento dependiente del Estado. La imputación de varios funcionarios hizo que la sospecha se extendiera al resto de la plantilla y durante días la desconfianza entre personas que llevaban años trabajando codo con codo se había volatilizado. En el mes de junio, las actuaciones judiciales estaban declaradas secretas por la jueza. Apenas habían trascendido datos objetivos e incluso las defensas tenían que recomponer el caso a través de las informaciones parciales que iban recogiendo en los interrogatorios a los imputados. Pero la instructora dictó una providencia el pasado 30 de julio mediante la cual comunicaba que se levantaba ese hermetismo; si bien, al coincidir ese escrito con un periodo típico de vacaciones, a día de hoy la mayoría de los abogados consultados por este periódico apenas había tenido la oportunidad de estudiar con detalle las diligencias y había quien incluso no las había recibido.

El origen del caso

De esta forma, poco a poco se van conociendo más aspectos de una investigación que ha puesto patas arriba la Jefatura Provincial de Tráfico. Así, se conoce que el origen del caso fue la denuncia planteada por un jefe de negociado que señalaba a varios funcionarios por ganarse un dinero extra a través de agilizar trámites a los clientes de esta presunta red, los cuales eludirían así las largas y tediosas colas. También apuntaba este primer testigo a que estos trabajadores estarían haciendo favores presuntamente a gestorías, que se librarían del pago de tasas por obtener información oficial de vehículos. Actualmente existen numerosas empresas que ofertan, sobre todo a través de internet, la tramitación de este papeleo sin que el cliente tenga que moverse. La sospecha que puso encima de la mesa el denunciante es que estas gestorías obtenían información sin pagar tasa alguna para después ofrecerla a sus clientela a cambio de dinero.

Los precios de esas tasas oficiales que fija la DGT son de escasa entidad; en muchos casos no supera los diez euros. La investigación, sin embargo, se ha centrado en una trama que podría llevar en activo hace años y, por tanto, los rendimientos económicos que obtendrían sus miembros serían mayores.

Gestorías de toda la provincia

La investigación de la Guardia Civil, que se sustenta sobre todo en los indicios recabados a través de escuchas telefónicas y los seguimientos realizados a los principales sospechosos, se centró en un primer momento en dos funcionarios que se encargaban de la tramitación de transferencias de vehículos. Los agentes les intervinieron sus teléfonos y a partir de las conversaciones que oían iban descubriendo con qué personas supuestamente mantenían contactos y podrían ser clientes de esa red.

Mediante los pinchazos, la Guardia Civil llegó a relacionar con la supuesta trama a trabajadores de una decena de gestorías de la provincia. Fuentes del caso señalaron a este periódico que, primero por la Comandancia y luego por los juzgados de San José, ha desfilado personal de despachos de Chiclana, Cádiz, Jerez y localidades de la Sierra. De los 33 imputados, la mayoría forma parte de este grupo de profesionales investigados.

Otro de los indicios que han analizado los agentes es el presunto alto tren de vida de uno de los funcionarios implicados. Ese detalle no habría pasado desapercibido por los compañeros y también habría formado parte de la denuncia original: cómo un trabajador que tiene unos ingresos reconocidos muy normales, hacía gala de una capacidad económica mayor.

Las imputaciones han alcanzado a nueve funcionarios, al menos, de distintas categorías y funciones dentro de la Jefatura provincial de Tráfico. Así, además de personal adscrito al servicio de tramitación también habría un conserje que se limitaba a repartir números a los usuarios que acudían a estas oficinas y a ordenar así la cola.

La mayoría de estos trabajadores negó recibir extra alguno por realizar favores y hubo quien explicó, ante la jueza, cómo las peticiones de información se realizaban desde su ordenador sin su permiso. Algunos implicados sostienen que habrían utilizado sus claves personales de acceso y sus terminales para realizar las tramitaciones bajo sospecha.

Otra de las piezas de la supuesta trama es un guardia civil del Destacamento de Tráfico que también consta en la lista de imputados. Apareció en la investigación cuando sus compañeros de Policía Judicial lo vieron que coincidía con cierta asiduidad con uno de los funcionarios que forman parte del núcleo central del caso y con quien mantenía habituales conversaciones telefónicas. Este agente, que procede de una localidad de la Sierra, habría sido grabado en varias ocasiones trayendo documentación de vecinos y entregándola a ese supuesto miembros de la red. Esas fotografías constituirían una de las pruebas que lo señalarían como presunto intermediario entre el personal que agilizaba los trámites en la Jefatura y clientes dispuestos a pagar una tarifa no oficial por esos servicios.

Sin embargo, desde las defensas aseguran que el caso, que nació como un gran caso de corrupción que se destapaba en un departamento gubernamental que hasta la fecha no había sido motivo de escándalo judicial, «se ha ido desinflando poco a poco». Los argumentos que exponen algunos de los letrados es que el grueso de las imputaciones que realiza la Guardia Civil por un delito de cohecho, se basan en conversaciones telefónicas y en las imágenes captadas durante los seguimientos a los funcionarios, «arrastrando así a todo aquel que ha tenido algún tipo de trato con los principales sospechosos». Bajo esa premisa, varios de los abogados están preparando o ya han presentado recursos para que se archiven las actuaciones contra sus clientes. En este sentido, otras fuentes judiciales consultadas no descartan que en los próximos días, la jueza resuelva favorablemente algunos de esos recursos y el número de imputados se reduzca, centrándose la fase de instrucción en el núcleo central del caso: los funcionarios y los clientes que acudieron con más asiduidad a ellos para resolver sus trámites por la puerta de atrás.