EL BANQUILLO DEL CHIVATAZO

El 4 de mayo de 2006, a las 12.40 de la mañana, un Ford Focus sale a toda velocidad del bar Faisán, en el barrio fronterizo de Behobia de Irún (Guipúzcoa). En el asiento del copiloto va el dueño del local, Joseba Elosúa, y en el del conductor su yerno, Carmelo Luquín, que acaba de bajar la persiana de su perfumería tras la visita del suegro.

Con los nervios pegados al asiento, Elosúa le pide a Luquín que detenga el vehículo pocos metros después. Sale del coche y entra a paso rápido en el bar Xaia, en el mismo Behobia. Pide utilizar el teléfono público ante la sospecha de que su móvil estaba 'pinchado'. Con la voz aún temblorosa llama a José Antonio Cau Aldanur, el contacto en Francia de la red de extorsión de ETA, una de las patas de la financiación de la banda terrorista. «Quiero hablar urgentemente contigo; estoy en el coche y dime dónde quieres que te espere», le espeta.

Concretan la cita en el bar Talotegui de Petit Bayona, en Francia, a unos 37 kilómetros del lugar de la llamada. Durante la media hora que dura el trayecto, el dueño del Faisán, un bajito y rollizo septuagenario, le confiesa a su yerno que un «txacurra» -perro, término que los proetarras utilizan para designar a los policías nacionales- ha entrado en el bar hacia las 11.17 horas y y le ha dado su teléfono móvil para atender una llamada.

El relato de Elosúa es inconexo y repleto de silencios, pero el resumen es este: «Me pasa el teléfono y me dice que tengo policía en la frontera para coger a José Antonio (Cau Aldanur), que si pasa (a España) a por las nueve botellas de vino (nueve millones de pesetas de la recaudación etarra) le van a detener y me advierte: Ya sabes cuál es la situación actual política, ¿no?, porque hay quien quiere que esto se rompa y fastidiar el proceso».

Elosúa sigue sin salir de su asombro por el soplo recibido en pleno proceso de paz, después de que ETA anunciara mes y medio antes un parón de su actividad armada y con el Gobierno socialista verificando las posibilidades de una negociación. «¡Avisarme de la forma que me ha avisado!.. esto es... ¿cómo hostias?..», comenta alterado.

Pero pese a la advertencia recibida de que no hablara por el móvil o dentro el coche al estar intervenidos, Elosúa no se pudo contener y la 'chicharra' (baliza) que días atrás había colocado la policía en su automóvil, dentro de los preparativos de la 'operación Urogallo' contra la red de extorsión de ETA, desveló el chivatazo, uno de los episodios más oscuros de la lucha antiterrorista.

Si el hostelero hubiera mantenido la cautela o el sistema de escucha no hubiese funcionado, los agentes que le seguían la pista jamás hubieran sabido que una filtración había frustrado la operación prevista para horas antes. Dicho lo cual, 49 días después del soplo, el 22 de junio, se desarticuló el aparato de extorsión etarra y se detuvo, entre otros, al dueño del Faisán y a Cau Aldanur. Pero para entonces algunas pruebas habían sido destruidas.

Estrategias

Con estos hechos encima de la mesa, tal y como concluyó la ardua investigación del juez instructor Pablo Ruz, la Audiencia Nacional juzgará desde mañana a los dos policías procesados por esta delación: el comisario Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros.

A ambos les acusan de revelación de secreto, penado con dos años de prisión y cuatro de inhabilitación, y la alternativa de colaboración con organización terrorista, penada con entre 5 y 10 años de prisión e inhabilitación de hasta 17 años, lo que supondría el fin de sus carreras.

Precisamente, por este último delito se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional, tribunal competente para juzgar los casos de terrorismo, y no en la Audiencia de Guipúzcoa. Esto es lo que pretendía el fiscal Carlos Bautista hasta que intervino el fiscal general Eduardo Torres-Dulce, que, haciendo uso de la dependencia jerárquica del órgano acusador, le impuso el procesamiento alternativo a los policías por, nada menos, colaboración con banda armada, tal y como pedían las acusaciones populares del caso: Asociación de Víctimas del Terrorismo, Dignidad y Justicia y el PP.

Así las cosas, el juicio presidido por el magistrado Alfonso Guevara dirimirá si el comisario Pamiés, entonces jefe superior de la Policía en el País Vasco, mandó a su subordinado José María Ballesteros, inspector en la unidad de información de Vitoria, acudir a Behobia en la mañana del 4 de mayo de 2006 para alertar a Elosúa de la inminente operación coordinada por la Comisaría General de Información de Madrid y su enlace en San Sebastián.

Estos y no otros serán los hechos que se van a juzgar: si hubo delación policial y si la misma se considera revelación de secreto, colaboración con banda armada (delito finalista, esto es, que además de dar tu apoyo estés de acuerdo con los fines del grupo), ambos delitos o ninguno, lo que supondría su absolución.

La fiscalía y las acusaciones populares irán a por los dos delitos, mientras que la defensa de los policías, como es lógico, tratará de mostrar su inocencia planteando una batería de pruebas (testigos e informes periciales) que repliquen la versión de los primeros.

En cualquier caso, los abogados defensores no lo tendrá fácil, ya que el único clavo ardiendo al que pueden cogerse es que la prueba central del chivatazo, la conversación telefónica entre Pamiés y Elosúa, después de que Ballesteros le entregara su móvil en el bar Faisán, no forma parte de la vista bien porque no se grabó o porque fue destruida.

Pruebas y defensa

Así, las evidencias se centran en la confesión de Elosúa a su yerno mientras viajaban a Bayona para reunirse con Cau Aldanur; los vídeos que grabaron la presencia de Ballesteros en las inmediaciones del bar Faisán la mañana del soplo; o la llamada que hace Pamiés a Ballesteros a la misma hora (11.23 de la mañana) en la que se produce la delación.

Para desbaratar estos indicios, la defensa del comisario expondrá la teoría de que las llamadas realizadas el día del chivatazo respondían a la preparación de una cita con un confidente en ETA, apodado el 'Romano', y en ningún caso están vinculadas a la filtración.

Para ello la baza de Pamiés será el testimonio de este etarra protegido, en la actualidad en la calle sin delitos pendientes. 'El Romano' será uno de los más de cien testigos que declararán en la vista oral programada hasta el miércoles.

La otra opción de los acusados será contradecir la versión del investigador del soplo, el comisario Carlos Germán, con informes periciales que demuestren que manipuló las pruebas. Las defensas apuntarán a que algunas evidencias como la grabación de Ballesteros en el Faisán se conocieron cinco años después del soplo, cuando la cúpula policial comenzó a sospechar de Germán, que siempre fue reticente a la operación por las connotaciones políticas que llevaba el caso, ya que entre otros iba a ser detenido el exdirigente del PNV Gorka Aguirre, ya fallecido, al que la Policía acusó de mediar en pagos de empresarios a ETA.