Gobierno y sindicatos se enfrentan ya por la reforma de las pensiones

La confrontación entre el Gobierno y los sindicatos por la reforma de las pensiones es ya un hecho. Hasta ahora las centrales habían modulado su oposición a la propuesta del Ejecutivo para cambiar el cálculo de las prestaciones que cobrarán los pensionistas: el índice de revalorización de las pensiones ya no se calculará conforme al IPC, al tiempo que se incluye un factor de sostenibilidad que liga su evolución a la de la esperanza de vida. El Gobierno dio ayer un paso más en la tramitación de la nueva ley, al aprobar el anteproyecto para su remisión al Consejo Económico y Social (CES).

UGT y CC OO consideran que la propuesta del Ministerio de Empleo no introduce modificaciones «relevantes» respecto al contenido básico del texto presentado por el Comité de Expertos, y que sólo servirá para «empeorar» el nivel de vida de los pensionistas. Además, sienten que el Gobierno ha faltado a su palabra de sacar adelante la reforma con el máximo consenso y diálogo posible. Ambos sindicatos se quejan de que, durante la reunión que mantuvieron en la mañana de ayer con el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, no se les presentó «ningún documento». «Por primera vez los agentes sociales desconocemos qué es realmente lo que está aprobando el Consejo de Ministros», denunció la secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, al término de la cita, que se ha celebrado casi en paralelo a la reunión ministerial.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Empleo, Fátima Báñez, insistió en la idea de que el Gobierno está «abierto al diálogo» para aprobar la reforma de las pensiones «con el máximo consenso posible» tanto en la tramitación parlamentaria como en el marco del Pacto de Toledo. El Ejecutivo cree haber medido los tiempos de forma adecuada -espera tener aprobada la ley el 31 de diciembre- para «escuchar y tomar en consideración» todas las aportaciones que los agentes sociales puedan realizar al texto.

El anteproyecto de ley contempla un nuevo índice de revalorización de las pensiones, que tendrá en cuenta la evolución del número de pensionistas, el crecimiento de los ingresos nominales, el déficit o superávit del sistema de la Seguridad Social, la tasa de sustitución de las pensiones y la velocidad de ajuste. El resultado de esta ecuación tendrá un suelo (un 0,25%) y un techo (el IPC más 0,25 puntos porcentuales).

Según Báñez, este sistema de cálculo supone que «en España nunca más se van a congelar las pensiones, como hizo el PSOE». UGT recuerda que, si bien es cierto que las pensiones nominales siempre subirán, el nuevo índice de revalorización «tampoco impide el peligro cierto de que los pensionistas pierdan poder adquisitivo», que cifran en hasta un 28% a lo largo de 15 años. «Así -explica el sindicato- en un supuesto estándar en el que los precios crecieran el 2% de media, por cada año de recesión se podría llegar a perder un 1,75%, mientras que en los años de expansión sólo se recuperaría el 0,25%. Es decir, por cada año de recesión se necesitarían siete para recuperar el poder adquisitivo perdido». Por este motivo, tanto UGT como CC OO piden al Gobierno «que retire» su propuesta.

La segunda gran pata de la reforma es el factor de sostenibilidad, que se comenzará a aplicar en 2019, y que liga la evolución de las pensiones a la de la esperanza de vida. «Con salarios y cotizaciones iguales un jubilado de ahora puede cobrar la misma pensión que cobrará su hijo o su nieto», explicó Báñez.

La «más importante»

La ministra destacó que esta reforma es la «más importante» de las aprobadas por el Gobierno en lo que va de año, y que aportará «tranquilidad, confianza y certidumbre» tanto a los actuales pensionistas como a los futuros. «Tengan la confianza de que los jóvenes de hoy van ser los pensionistas del mañana», proclamó. Báñez alertó de que, para que el sistema siga siendo «público», «autofinanciable» y «sostenible» es necesario «actuar». «El resultado lo veremos dentro de unas décadas», vaticina la ministra, quien recordó cómo en 1997 «un Gobierno del PP, también junto a los interlocutores sociales» puso en marcha el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. «Gracias a eso en 2012 hemos podido pagar las pensiones cada mes», ha sentenciado.

La mayor parte de la oposición mostró rechazo a la reforma. Los socialistas temen que «por ley el Gobierno va a hacer estructural la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas». En opinión de IU, la reforma supone «intentar resquebrajar el sistema público».