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La Diada no mueve a Rajoy ni un milímetro
Sáenz de Santamaría insiste en que el Gobierno escucha a todos los ciudadanos, incluida a la «mayoría silenciosa» que no participa en protestas
MADRID. Actualizado: GuardarEl músculo independentista que exhibieron los partidos nacionalistas catalanes durante la Diada no altera ni la hoja de ruta del Gobierno ni a Mariano Rajoy. «Artur Mas puede encontrar a Mariano Rajoy donde siempre, dentro de los límites de la Constitución», explicó ayer un miembro del Ejecutivo.
El presidente del Gobierno mantendrá la mano tendida a CiU y responderá «con amabilidad, pero con un rotundo no» a la misiva que le envió Mas reclamando el visto bueno de Madrid a un referéndum separatista en Cataluña. Lo hará durante este mes de septiembre, aunque sin día fijo.
Además de la complejidad de la controversia nacionalista, desde el Gobierno destacan el problema añadido de las distintas sensibilidades que existen en CiU, en una clara alusión a que las posturas de Convergencia son más radicales que las de Unió, partido al que pertenece el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antonio Durán i Lleida. Para los nacionalistas catalanes, Rajoy actúa como un «muro» de contención, inflexible a cualquier negociación sobre la consulta soberanista. «Lo aguantará casi todo, pero no cederá ante nada», dice la fuente gubernamental.
El Gobierno opina que si Mas persiste en su pulso secesionista sus opciones se reducen a dos: convocar un referéndum ilegal, lo que podría acarrear la inhabilitación de Mas por prevaricación -si la Generalitat pone medios personales y técnicos a disposición de los organizadores del referéndum ilegal- o convocar unas elecciones plebiscitarias, lo que desde Madrid se consideraría un mal menor.
Rajoy, hasta el momento, no quiere intermediarios en su negociación con Cataluña. La lleva él en persona y tiene como principal interlocutor a Mas. El líder del Ejecutivo solo ha abierto hasta ahora una línea de exploración: la posible revisión del modelo de financiación autonómica, con el compromiso implícito de más dinero público para Cataluña.
Dentro de la Constitución
Soraya Sáenz de Santamaría recuperó ayer una figura a la que ya recurrió al Ejecutivo para negar la trascendencia de las manifestaciones y huelgas generales que se produjeron durante 2012 contra los ajustes de Rajoy: la mayoría silenciosa. La regla de tres que hacen en Moncloa es aparentemente sencilla. Incluso dando por bueno el dato que dio la Generalitat sobre la participación en la cadena humana del miércoles -1,6 millones de personas-, la población total de Cataluña supera los 7,5 millones de personas. «El Gobierno tiene la obligación de escuchar y velar por las libertades y derechos de todos los ciudadanos, incluido los que componen las mayorías silenciosas», espetó la vicepresidenta, minutos antes de asistir a la conferencia que ofreció la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Sáenz de Santamaría también remarcó las líneas rojas que considera inviolables. «El Gobierno habla y dialoga dentro de Constitución, habla y dialoga con todas las comunidades autónomas, porque somos Gobierno en toda España, somos Gobierno de toda España», declamó. Esto supone que, pese a las demostraciones catalanistas, el Ejecutivo solo ofrece diálogo dentro de la Carta Magna.
Desde Moncloa se asegura que no hay fisuras en la postura del Gobierno sobre el problema catalán, pero algunos ministros introducen matices en sus valoraciones que hacen pensar lo contrario. José Manuel García Margallo, que el martes ofreció un cambio en el modelo territorial para lograr que «Cataluña encaje en España», calificó de «éxito de convocatoria, organización, logística y comunicación» la celebración de la Diada y, de paso, destacó que en este país está garantizada la libertad de expresión. Eso sí, el ministro de Asuntos Exteriores entiende que a partir de ahora es necesario redoblar el diálogo institucional para «convencer a los catalanes de que fuera de España vivirían mucho peor».
Margallo expresó su enorme «preocupación y tristeza» por la situación y valoró que una Cataluña fuera de España sería una opción extremadamente dolorosa. «Cualquier gobierno, sea nacional o regional, tiene que escuchar a la calle, pero no es en la calle donde se hace la política», aclaró.