El 'caso Bárcenas' frustra el sí conjunto de PP y PSOE a la ley de transparencia

La ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno estaba llamada a ser un intento de redención por parte los dos grandes partidos españoles, PP y PSOE. Un guiño para tratar de atemperar el monumental enfado de la ciudadanía con un sistema político que, entre otras cosas, adolece de una opacidad impropia de países con los que España querría homologarse. Pero no lo será. La norma vio ayer finalmente la luz en el Congreso, pero nacerá, a falta de su ratificación por el Senado, sin el respaldo de los socialistas. Tampoco tendrá el de IU, UPyD y parte del Grupo Mixto (Amaiur, ERC, BNG, Compromís y Geroa Bai).

En el no de las fuerzas minoritarias hay razones que apelan al contenido de la propia ley y a sus carencias, pero en el caso del PSOE ha pesado en mayor medida lo que su portavoz en el debate, José Enrique Serrano, llamó «razones de contexto». El propio Alfredo Pérez Rubalcaba lo aclaró sin subterfugios en un comparecencia posterior: el 'caso Bárcenas' ha abierto una brecha que a día de hoy parece insalvable. «La situación en la que estamos no tiene arreglo porque Rajoy está empecinado en mentir», dijo.

Serrano, jefe de gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero y de Felipe González y político con un profundo sentido de Estado, no ocultó su pesar. «No es lo mejor que esta ley, de carácter estructural para la democracia cotidana -dijo- salga sin el voto del PSOE. Créanme si les digo que, de verdad, lo lamento».

Los socialistas han tenido una participación activa en la elaboración del texto finalmente aprobado. No solo porque su origen está en un borrador que ellos mismos elaboraron cuando aún estaban en el Gobierno sino porque, hasta que este verano estalló el conflicto con el PP por la negativa del jefe del Ejecutivo a explicar en el Congreso sus relaciones con el extesorero de su partido, la negociación con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, iba viento en popa. De ahí su frustración.

La vuelta del verano no ha rebajado las tensiones. Ayer IU logró que la Mesa del Congreso admitiera por primera vez una interpelación al Gobierno, muy trabajada y comedida en su formulación, sobre «regeneración democrática y corrupción política». Pero hasta ahora los grupos de la oposición habían visto tumbados todos sus intentos de colar el debate sobre el 'caso Bárcenas' en el pleno; con subterfugios o sin ellos.

Ese asunto estuvo presente en los discursos de muchos portavoces durante el debate de la ley de transparencia. Ahora bien, también se plantearon pegas al fondo de una ley que debería marcar un hito en la relación entre el ciudadano y la Administración, toda vez que obligará a esta -en cualquiera de sus niveles: central, autonómico o municipal- a proporcionar toda la información de relevancia jurídica y económica, presupuestaria o estadística.

Límites «excesivos»

Entre los 'contras' estarían sus «excesivos» límites: la seguridad nacional; la investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; los intereses económicos y comerciales o la política económica y monetaria, entre otros. Además, y a pesar de que, finalmente, se incluyó en la norma a la Casa Real, el Banco de España, las fundaciones o las sociedades mercantiles con participación pública superior al 50%, seguirá siendo imposible saber, por ejemplo, cómo y en qué gasta el Rey la asignación que recibe del Estado para el mantenimiento de su Familia y Casa, o, por poner otro ejemplo, cómo han utilizado las entidades financieras rescatadas el dinero del FROB.

Estas son algunas de las razones por la que buena parte de los grupos minoritarios insistieron en que la ley se ha quedado corta.

El portavoz de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, llegó a acusar a PP y PSOE de querer «protegerse del exceso de interés de los ciudadanos y de los entes cívicos». Y el de IU, Joan Josep Nuet, puso en tela de juicio la independencia del órgano encargado de velar por el cumplimiento de la norma, un consejo que estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública y cuyo presidente será nombrado por decreto.

Quienes, en cambio, dieron su sí al proyecto del Ejecutivo fueron los otros partidos del arco parlamentario que durante más tiempo han ocupado las instituciones y han desempeñado responsabilidades de gobierno: los nacionalistas de PNV, CiU y Coalición Canaria.