El PP ajusta cuentas con Griñán al negarle su apoyo para el Senado

El reciente auto de la juez instructora del caso ERE, que pone en el punto de mira a la cúpula de la Junta de Andalucía durante la pasada década, ha incrementado la tensión entre PSOE y PP. Los populares decidieron ayer ajustar cuentas con el expresidente José Antonio Griñán y se negaron a participar en el «vodevil» que dijeron fue su designación como senador autonómico, lo que en la práctica se traduce en que pasa de estar aforado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -como diputado regional- al Tribunal Supremo. Griñán, por su parte, esgrimió su larga trayectoria de servicio público para justificar su derecho a formar parte de la Cámara baja y aseguró que el auto de Mercedes Alaya carece de todo sentido jurídico y solo despliega efectos «políticos, mediáticos y personales».

El PP andaluz ya anticipó sus intenciones el miércoles, cuando criticó la utilización partidista del Parlamento andaluz y del Senado como «burladero» de Griñán frente «al toro de la corrupción». Ayer se saltó la regla no escrita, por la que cada partido nombra con completa libertad a los miembros autonómicos del Senado y cuenta con el apoyo del resto de formaciones, y votaron en blanco la designación del expresidente, que salió solo con los votos de los socios de la Junta (PSOE e IU). Tampoco de todos. La nueva presidenta, Susana Díaz, no votó al encontrarse ausente -fue recibida en Madrid por el Rey-, al igual que el diputado andaluz y líder sindical Juan Manuel Sánchez Gordillo, mientras que otro parlamentario de IU votó en blanco.

El PP sí apoyó en cambio la designación de los otros dos nuevos senadores socialistas, el vicesecretario general del PSOE regional, Mario Jiménez, y la exconsejera de Educación Mar Moreno. El portavoz parlamentario de los populares, Carlos Rojas, justificó su rechazo porque el PSOE ha querido «desprestigiar la institución» presentando al «padre político de los ERE», mientras que desde las filas socialistas Jiménez recordó que él «sí votó a Javier Arenas» en su momento para el Senado y consideró que la oposición sienta «un mal precedente».

El escándalo también reprodujo tensiones entre los socios del Ejecutivo andaluz, como cuando IU presionó hace meses para crear la comisión de investigación parlamentaria y hace días para apartar a los consejeros salpicados por el caso. Apoyaron a Griñán, pero rechazaron elevar a la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo a la Mesa del Parlamento regional porque había sido señalada en el auto de Alaya. Una contradicción que solventaron asegurando que pedirán la dimisión de Griñán si finalmente resulta imputado.

Sin noticia oficial

El expresidente andaluz no contempla esta posibilidad. En rueda de prensa antes del pleno, y acompañado por los exconsejeros Martínez Aguayo y Antonio Ávila -su equipo económico también señalado por la jueza-, Griñán tildó el auto de Alaya de «irrelevante» en términos jurídicos. En su opinión, solo «provoca efectos mediáticos, políticos y personales con un evidente daño a la reputación».

El expresidente andaluz aseguró que el auto aún no le ha sido notificado, que no tiene abogado porque no está imputado y que no piensa recurrirlo porque el documento «no tiene indicios, hechos imputables o principios de prueba». También descartó de forma tajante acudir por voluntad propia a declarar por este caso, una puerta que dejó abierta la juez. «Declarar.¿ante quién? ¿sobre qué?», subrayó. «No hay imputación, no hay petición de imputación, no hay hechos objeto de imputación individual. solo una oferta para que nos autoimputemos», lamentó.

El también presidente federal del PSOE dijo que el auto deja a los siete ex altos cargos señalados en una situación de «indefensión» por la «utilización ruidosa» del término «imputado». Consideró «sarcástico» que la juez justifique su decisión como una vía para defenderse de la negativa presión mediática cuando piensa que es la propia jueza quien alimenta esa presión, difundiendo el auto sin notificarlo a las partes y justo en el momento de la toma de posesión del nuevo Gobierno autonómico.