La juez de los ERE señala a Chaves y Griñán pero evita dar ya el paso de la imputación

Los peores temores del PSOE andaluz se confirmaron ayer. La juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, dio los primeros pasos para la previsible imputación de los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de otros cuatro exconsejeros de la Junta de Andalucía. Formalmente no puede imputarlos, al ser todos ellos aforados, por lo que les confirma que están inmersos en el procedimiento para que puedan personarse en la causa y por tanto, proteger sus derechos de defensa. El auto judicial supuso un auténtico misil en la línea de flotación de los socialistas y la propia Junta de Andalucía, dado que el momento que se hizo público coincidió con la toma de posesión del nuevo Gobierno.

El escrito pone en el punto de mira justo a la cúpula de la Junta, el último peldaño de la pirámide que ella misma señaló. Considera que tanto Chaves como sus sucesivos consejeros (los exresponsables de Hacienda Griñán y Carmen Martínez Aguayo; el exconsejero de Economía Antonio Ávila, los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Manuel Recio y el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo) validaron el sistema creado en 2001 para la concesión de ayudas mediante transferencias de financiación, una fórmula al margen de cualquier control y que, según la juez, es irregular porque se deberían haber otorgado por la vía de la subvención excepcional.

Así, la instructora señala a unos por ser los responsables de la consejería de Empleo que creó el sistema; a otros, por regir sobre los entes públicos que abonaban dichas transferencias, y a los responsables de Hacienda, por no adoptar medidas contra las irregularidades que supusieron un «uso ilícito de los fondos públicos». Según consta en el auto, las ayudas ya se otorgaban por esta fórmula, por lo que el convenio marco de 2001 que ampara ese sistema supone «la continuidad» del mismo, dado que permitió su acogida en la Ley de Presupuestos durante una década.

En este sentido, el auto subraya que la investigación sigue abierta para «desentrañar la sucesión de hechos que determinaría el uso ilegal y continuado de fondos públicos». El núcleo esencial de esta rama de la investigación continúa siendo «la concesión de subvenciones al margen del procedimiento legal», pero se ha avanzado también en el «conocimiento de las sobrecomisiones» de las intermediarias que la Junta «presuntamente permitió» a cambio «de favores», así como de las ampliaciones presupuestarias que permitieron «el uso ilícito de fondos públicos» a través de la «utilización palmariamente irregular de las transferencias de financiación».

Se queda la causa

El auto supone un primer paso que permite a la juez mantener la instrucción y no tener que inhibirse ante el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia andaluz. Aprovecha para ello la puerta abierta a mediados del pasado mes por la Audiencia Provincial de Sevilla, que respondió a un imputado que todos aquellos posibles implicados o señalados en la causa que vieran peligrar su derecho de defensa podían acudir libremente a prestar declaración, o bien podía ser la propia instructora quien les diera traslado de las actuaciones como si fuera una denuncia o querella. Es decir, que podían personarse para empezar a empaparse de la causa y no ver vulnerado su derecho de defensa si finalmente eran imputados.

Esta es la opción escogida por Alaya para evitar que los abogados puedan echar por tierra su instrucción en un futuro juicio. De esta forma, tanto Chaves y Griñán como el resto de exconsejeros adquieren una categoría similar a la de un denunciado, que todavía no sabe la concreción de los delitos. No obstante, fuentes judiciales señalan que se trata de una decisión «poco habitual» de proceder con aforados, dado que lo normal es terminar la investigación y remitir entonces la causa a instancias superiores.

Uno de los argumentos esgrimidos por la instructora para conminar a los posibles implicados a defenderse fue precisamente la expectación mediática. Sin embargo, fue la propia Alaya quien propició ese interés al hacer coincidir su auto con la toma de posesión del nuevo ejecutivo. Algunos de los exconsejeros conocieron su situación a la salida del acto al verse rodeados por una nube de periodistas. Apenas pudieron pronunciarse porque no conocían aún el texto. La ironía vino del consejero de Justicia, el exfiscal Emilio de Llera, quien destacó la «casualidad» por la coincidencia de las decisiones de la juez con fechas importantes del PSOE o la Junta.

La confusión era tal que el nuevo Ejecutivo regional apenas tardó un minuto en hacerse la foto de familia rodeando a la presidenta, Susana Díaz, que salió rauda sin atender a la prensa. La primera reacción vino de su vicepresidente Diego Valderas, de Izquierda Unida, que insistió en que ayer era un día para el nuevo Gobierno. «La justicia hace su trabajo, y el Gobierno se dedica a gobernar y a pensar en los parados». Justo la tesis que defendió Griñán al marcharse para evitar que el caso siguiese erosionando a la institución.