La UE aprueba sanciones millonarias por manipulación de mercados

La Unión Europea sigue con paso firme su manual sobre cómo evitar los grandes errores del pasado que han llevado al Viejo Continente a la peor crisis del último siglo. Y para ello, una receta que se repite discurso a discurso, directiva a directiva: extremar las medidas de control y taponar todos los recovecos legales de índole financiero-económica que existen en la Unión. El último frente se refiere a la manipulación de los mercados y a los abusos cometidos por agentes con acceso a información privilegiada, que serán duramente castigados con sanciones económicas de hasta un 15% de su facturación anual o incluso con penas de prisión.

Así lo anunció ayer en Estrasburgo (Francia) el comisario comunitario de Mercado Interior, Michel Barnier, que corroboró en el Parlamento comunitario el informe de sus señorías en torno a estas prácticas. «Se van a cumplir cinco años de la caída de Lehman Brothers y todavía se siguen produciendo excesos. Debemos ser rigurosos, duras y establecer medidas lo suficientemente disuasorias», recalcó la británica Arlene McCarthy, ponente de la iniciativa.

El impulso y aprobación de esta nueva normativa tiene su origen en el escándalo de la manipulación del libor -el homólogo británico del euríbor- que salió a la luz pública en verano de 2012 y que se cobró, de momento, la dimisión de tres altos directivos de Barclays. Hay una investigación judicial en ciernes y en ella hay más de una quincena de entidades financieras bajo el foco de las autoridades. Aunque está radicada en Londres, es la tasa de interés más empleada por los bancos internacionales y su índice se calcula para tasas de corto y largo plazo en más de 10 monedas en 15 diferentes zonas horaria.

Para evitar nuevos casos, la UE lo no ha dudado en las recetas. Más control y sobre todo, un notable endurecimiento de las sanciones para lanzar el mensaje de que quien la hace, la paga. Así lo corroboró el comisario Barnier, que detalló que las multas en el caso de las mercantiles podrían ascender al 15% de la facturación anual o 15 millones en términos netos. En lo referido a personas individuales, la sanción se elevaría hasta 5 millones. En el plano penal, «podría incluso suponer pena de cárcel», ahondó.

Este reglamento, que de momento prevé solo la imposición de multas, ha sido acordado por los Gobiernos nacionales y los Estados miembros tendrán un periodo de dos años para adecuarlo a sus respectivas legislaciones.