Bucarest cede y paraliza una explotación de oro

Las protestas de miles de rumanos contra una mina de oro que la multinacional canadiense Gabriel Resources quiere abrir cerca del pueblo de Rosia Montana, en la región de Transilvania, se han saldado con una victoria de la ciudadanía. El Gobierno del socialdemócrata Victor Ponta anunció ayer que de momento no autorizará la apertura de la mina. «Mientras exista una clara mayoría en contra del proyecto de Rosia Montana, se rechazará», dijo Ponta, que no tiene el apoyo de sus socios liberales en la coalición gubernamental al polémico yacimiento minero.

El pasado 13 de agosto, el propio Ministerio de Justicia comunicó que se oponía al proyecto, que ha sido denunciado por la ONG de Rosia Montana Albus Maior. Aunque la empresa, cuyo 20% del capital está controlado por el Estado rumano, ha comprado el 80% de las casas que necesita expropiar para abrir la mina, unas 50 familias de Rosia Montana se niegan a vender sus propiedades. Además, para frenar definitivamente el proyecto, la ONG Arquitectura, Restauración, Arqueología (ARA) intenta que el pueblo sea declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco.

En campaña electoral, el primer ministro rumano prometió que no daría su apoyo a dicho proyecto, que necesita del visto bueno del Parlamento, pero después cambió de opinión, lo que generó un enorme descontento en el país. «Unidos, salvemos Rosia Montana», han gritado casi a diario durante más de una semana numerosos manifestantes en las calles de Bucarest, pero también del gran municipio de Cluj, en el noroeste de Transilvania. Gabriel Resources promete la creación de 900 puestos de trabajo y la expansión de riqueza y bienestar social en una zona de Rumanía que lo necesita.