El Gobierno baraja que todas las empresas ofrezcan un plan de pensiones a su plantilla

El Gobierno estudia que todas las empresas -incluidas las pymes- tengan que ofrecer obligatoriamente a sus trabajadores una fórmula de previsión social complementaria, ya sea a través de un plan de pensiones, un seguro garantizado u otro producto que cumpla los requisitos de ahorro previsión.

Sin embargo, no serían las empresas las que realizarían las aportaciones a los planes de pensiones o seguros, porque el Ejecutivo entiende que las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social ya son lo suficientemente elevadas y no dan margen para nuevos pagos. Las aportaciones correrían a cargo de los trabajadores, que no estarían obligados a apuntarse sino que sería voluntario. Si el trabajador no quiere que le descuenten de su salario para el plan de pensiones, seguiría como hasta entonces. Es decir, que lo único obligatorio consistiría en ofrecer a la plantilla una vía de ahorro-previsión.

¿Cuál será la ventaja que pueda obtener un trabajador por apuntarse a este plan a través de la empresa y no hacerlo en un plan de pensiones individual? Según expertos del sector, tendrán mejores condiciones económicas en estos planes empresariales, a través de comisiones más reducidas o mejores rentabilidades.

La Dirección General de Seguros, integrada en el Ministerio de Economía, lleva meses trabajando en un informe sobre pensiones complementarias que presentará esta semana a la Junta Consultiva de Seguros. El Gobierno estudia nuevos incentivos para impulsar el ahorro privado en pensiones en plena reforma del sistema público de la Seguridad Social. Entre esos incentivos se encuentra favorecer la renta vitalicia a largo plazo, de manera que podría tributar como renta financiera o del ahorro en lugar de sumarse a las rentas del trabajo y pagar el tipo marginal. Ahora, las rentas del ahorro tributan a un tipo fijo en el IRPF que es inferior al tipo marginal. El informe de Seguros no llega a plantear un tipo fijo pero sí que sea tratado como ahorro. Además, propone «reordenar» los límites fiscales de aportación que establece el IRPF (ahora la aportación máxima que puede reducir la base imponible en el Impuesto sobre la Renta es de 10.000 euros anuales o 12.500 si el trabajador es mayor de 50 años), aunque el aumento de estos límites se deja al comité de expertos que, presidido por Manuel Lagares, prepara la reforma tributaria.

Uno de los problemas que se plantea es qué ocurrirá si el empleado deja la empresa. El informe propone permitir la movilización de los derechos de los trabajadores que vean extinguida su relación laboral a planes individuales. Además, se abre la puerta a que, dado el exceso de inversión realizado en las décadas pasadas en inmuebles, se favorezca fiscalmente la «licuación del patrimonio». Por ejemplo, podría premiarse fiscalmente la venta de una vivienda si el dinero recibido se convierte en pensión.

Otra novedad importante que propugna la Dirección General de Seguros es abrir una nueva ventana de liquidez para aportaciones de más de diez años pero pagando los impuestos correspondientes. En la actualidad se puede retirar el dinero en caso de paro de larga duración, enfermedad grave o desahucio de la vivienda habitual.

Cuando el Gobierno socialista aprobó la reforma de las pensiones de 2011 encargó que en un plazo de seis meses se remitiera un informe sobre previsión social complementaria. No se hizo en su momento, pero ahora está sobre la mesa mientras el Gobierno debate con los grupos parlamentarios y los agentes sociales el factor de sostenibilidad de las pensiones públicas -que acabará con la revalorización de las prestaciones conforme a la inflación y que reducirá la pensión inicial en función de lo que aumente la esperanza de vida, según la propuesta del Ministerio de Empleo-.

En estos momentos, la tasa de sustitución de la pensión sobre el último salario es más alta en España que en otros países: rozando el 74% de media, aunque a mayor salario menor tasa de sustitución. Eso quiere decir que los ingresos de un pensionista respecto a lo que cobraba antes de la jubilación se ven mermados en un 25% de media. Lógicamente, cuanto más alto es el salario, más se reducen los ingresos al jubilarse. Tras las reformas previstas, la tasa de sustitución puede caer incluso al 40%, según el comité de expertos y la Comisión Europea, con lo que los planes privados aparecen como la vía para mantener el nivel de ingresos tras la jubilación. Según Jaime Sol, socio responsable de la práctica de Compensación y Pensiones de KPMG Abogados, con la reforma del sistema público «las empresas cada vez van a valorar más y desarrollar la previsión social dentro del esquema de remuneración de sus trabajadores».