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Una bandada de flamencos sobrevuela el parque nacional de Doñana. :: R. C.
Sociedad

Parques naturales para generar ingresos

El anteproyecto de ley también prevé que el Estado intervenga en estas zonas, cuya gestión es de las comunidades, en caso de catástrofes El Gobierno quiere permitir la apertura de estos lugares a deportes de aventura o empresas de navegación

DANIEL ROLDÁN
MADRID.Actualizado:

Realizar vuelos sin motor o navegar por un parque natural son actividades que cualquier turista podrá hacer en los parques nacionales si el anteproyecto que aprobó ayer el Consejo de Ministros continúa su camino parlamentario sin cambios. La futura Ley de Parques Nacionales prevé que las 15 joyas de la naturaleza que ahora mismo existen en España puedan contar con alguna fuente de ingresos ya que deben ser capaces de «ofrecer ciertas formas de aprovechamiento y deben también abrir más su gestión a al sociedad». Los primeros parques en abrir sus puertas a otro tipo de actividades serán los de la Sierra de Guadarrama (entre Madrid y Segovia) y Monfragüe (Cáceres). El primero, la última zona en lograr esta categoría, permitirá la navegación con fines turísticos en algunos tramos.

Una práctica que ha sido muy criticada por los ecologistas. Ya en el patronato de este parque extremeño, Adenex, SEO y Fundación Global Nature se mostraron en contra de estos permisos ya que se molestaría a varias parejas de buitres negros que en esa zona anidan y crían. «No se puede pretender disfrazar como actividad de gestión, ya que la navegación turística nada tiene que ver con las tareas profesionales propias de los técnicos que trabajan en el parque», indicaron estas ONG, que además propusieron alternativas para la navegación turística cerca de este parque nacional, como tramos de los ríos Tajo y Tiétar, que están fuera del parque nacional.

A lo que no ha accedido el Gobierno es a la caza deportiva y comercial, la pesca deportiva y recreativa o la tala dentro de los límites de un parque nacional al considerarlas «actividades incompatibles» con estas zonas. Sin embargo, esta aclaración del anteproyecto elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) también ha generado dudas a los ecologistas sobre qué pasará cuando haya que realizar un control de población de algunas especies. Estas organizaciones quieren que sean los propios profesionales que trabajan en los parques los encargados de esta actividad y no cazadores llegados de fuera que se puedan lucrar por las piezas abatidas.

Otra de las peculiaridades del anteproyecto de ley es el endurecimiento de las condiciones para poder ser parque nacional. Para comenzar, deberán tener una superficie mínima de entre 20.000 y 25.000 hectáreas, con características mediomabientales y sociales mucho «más exigentes». Ademas, el texto gubernamental incorpora la posibilidad de ampliar los parques ya nombrados -el más veterano es el de Ordesa y Monte Perdido, a punto de cumplir un siglo- con áreas marinas exteriores colindantes, algo que no recoge la normativa actual y que puede beneficiar a los parques de los dos archipiélagos y las Islas Atlánticas de Galicia. También se plantea la integración de los habitantes de los entornos de los parques, además de invertir en programas piloto que activen la economía sostenible de la zona y potencien el empleo verde de los 15 parques nacionales que ocupan una superficie de 380.983 hectáreas.

Intervención

El anteproyecto presentado por el Ministerio destaca que el Estado podrá intervenir en caso de catástrofes «o situaciones extraordinarias que pongan en peligro su riqueza natural», como por ejemplo los incendios forestales. El Ejecutivo insistió que esta decisión, que cubre «un vacío legal», es compatible con la sentencia del Tribunal Constitucional de hace casi nueve años que sentenció que la gestión diaria de los parques nacionales correspondía a las comunidades autónomas. Asimismo, el Estado se reserva también la posibilidad de intervenir en caso de que una zona protegida en un estado desfavorable.

Para impulsar la coordinación por parte del Estado y avanzar en una mejor conservación, la futura norma crea dos órganos dedicados a este objetivo: un Comité de Colaboración y Coordinación, integrado a nivel técnico por representantes de todos los parques nacionales junto con los representantes de la red de parques; y una Comisión de Coordinación para cada uno de los Parques Nacionales situados en territorios de varias comunidades.

El anteproyecto recoge también la elaboración de un Plan Director de Parques Nacionales, que incluirá las directrices y los criterios comunes para la gestión de valores cuya conservación ha sido declarada como de interés general. Se incorpora al texto normativo la puesta en marcha de un Comité Científico para estas zonas.