El presidente del Gobierno cumple su compromiso de no hablar de Bárcenas

Lo prometió y cumplió. Mariano Rajoy se negó a hablar de Luis Bárcenas en la primera ocasión que fue preguntado tras el aviso que lanzó en la reunión de la dirección de su partido de que no iba a dedicar ni un segundo a comentar el caso del extesorero. El Partido Popular, por si acaso, contribuyó a construir el muro de silencio al rechazar dos interpelaciones de PSOE e IU para que el Gobierno diese explicaciones en el Congreso por el comportamiento de Bárcenas.

«Todo cuanto tenía que decir sobre ese asunto ya lo he dicho donde tenía que decirlo, ante la representación de la soberanía popular (el Parlamento) el 1 de agosto». Y hasta se permitió una ironía con media sonrisa durante su comparecencia de ayer tras la reunión del G20 en la ciudad rusa de San Petersburgo: «En este G20 no se ha debatido este asunto (Bárcenas) y no ha suscitado mayor interés» a los gobernantes de los 20 países más poderosos del mundo. Dicho esto, se cerró en banda y no hubo forma de que dijera nada más ante las preguntas de los informadores sobre el extesorero y la declaración ante el juez de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, que endosó a Rajoy y Javier Arenas la responsabilidad del acuerdo con Bárcenas para que dejase el cargo y el partido.

Por si el silencio del presidente del Gobierno no fuera suficiente, el PP se encargó en Madrid de ahogar el debate. Los representantes populares en la Mesa del Congreso, en la que también tienen mayoría absoluta, rechazaron dos nuevas interpelaciones de PSOE e IU para provocar que el caso del extesorero volviera al hemiciclo de la cámara. Los socialistas y la coalición de izquierda pretendían que el próximo miércoles, en la primera sesión de control al Gobierno tras las vacaciones, el Ejecutivo respondiera a los emplazamientos sobre Bárcenas y las, a su juicio, «mentiras» que dijo Rajoy en su comparecencia de agosto.

El PP arguyó razones reglamentarias para rechazar las iniciativas. Apeló al artículo 181 del reglamento de la Cámara que establece que las interpelaciones deben centrarse en «cuestiones de política general» que afecten al Gobierno, requisito que, según el partido gubernamental, no cumplían las interpelaciones de PSOE e IU. La de los socialistas aspiraba a debatir con Rajoy «la política general del Gobierno en materia de asunción de responsabilidades políticas como consecuencia de las falsedades vertidas en comparecencias ante el Parlamento». Ni mención a Bárcenas o a la supuesta financiación irregular del PP, pero según los populares el texto se basa en «suposiciones».

Menos sibilina fue la de IU, que proponía analizar «las posibles repercusiones en la acción del Gobierno por la relación laboral de Luis Bárcenas con el Partido Popular». También fue desechada por la Mesa sin más contemplaciones.

Cerrar el Parlamento

La decisión desató la ira de la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, quien llegó a advertir al PP que solo podrá impedir el debate sobre su presunta financiación irregular y las andanzas del extesorero «si cierra el Parlamento o echa a la calle a la oposición». Esta es la tercera vez en dos semanas que el partido gubernamental rechaza iniciativas parlamentarias de los socialistas y de otras fuerzas opositoras referidas a la comparecencia de Rajoy del 1 de agosto, la financiación del PP y las actividades del extesorero.

El PSOE, de todos modos, no va a cejar y va a convertir esa misma sesión de control parlamentario al Gobierno del miércoles en un pleno casi monográfico sobre Bárcenas. Rubalcaba preguntará a Rajoy sobre la declaración judicial de Cospedal, en la que descargó sobre el presidente del Gobierno la responsabilidad del rentable pacto para el extesorero. Los diputados del PSOE, además, interrogarán a los miembros del Ejecutivo por distintos aspectos del caso.

El líder de Izquierda Unida también mostró su profundo malestar y se quejó de que el PP quiera establecer un régimen «de partido único» para «esconder» al presidente del Gobierno y no dar explicaciones. Cayo Lara anunció desde Melilla que también preguntará la próxima semana al jefe del Ejecutivo sobre si mantiene las palabras sobre Bárcenas que pronunció el 1 de agosto. Pero IU también va a actuar al margen del ámbito parlamentario y anunció la ampliación de la demanda contra los populares por la destrucción de los discos duros de los ordenadores del extesorero para hacerla extensiva a Cospedal, Francisco Álvarez-Cascos y a 15 empresarios donantes del partido que se sumarán a los ocho que ya demandó la coalición en primera instancia.