Portugal 'caza' a la mujer del presidente de Pescanova al tratar de ocultar 4 millones en China

Un aviso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Policía portuguesa ha permitido a la Audiencia Nacional dar al traste con una estratagema de la esposa del expresidente de Pescanova Manuel Fernández De Sousa-Faro, para escamotear a la Justicia una gran suma de dinero. El magistrado Eloy Velasco desveló ayer en un auto que María Rosario Andrade Detrell intentó llevarse a China 5,2 millones de dólares (3,95 millones de euros) pocos días después de que se admitieran a trámite las querellas contra su marido y otros directivos de la firma gallega de congelados. El instructor pide en su auto a Portugal el bloqueo de esos fondos y su puesta a disposición de la investigación.

Según explica el magistrado en su resolución, el juzgado recibió el pasado 29 de agosto de 2013 una comunicación de la UIF de Portugal, para informar de que las autoridades lusas habían procedido al «bloqueo» de una transacción de casi 4 millones de euros. El envío de los fondos -señalaba el informe- había sido ordenado por María Rosario Andrade «desde una cuenta bancaria abierta en Portugal» a otra «cuya titular es esta misma mujer, en un banco de la República Popular China».

El informe en poder del juez detalla que Rosario Andrade abrió una cuenta corriente en Portugal el pasado 29 de mayo a nombre de una sociedad española denominada Quinta do Sobreiro, S. L., de la que su marido es administrador único. A ella fueron transferidos el 26 de agosto cuatro millones de euros desde otra cuenta de la citada sociedad y, dos días más tarde, otros 236.000 euros a nombre de Kiwi España, S. A., compañía en la que su esposo también aparece como único dueño.

El escrito de los expertos portugueses en la lucha contra el fraude escribe que después «se ordenó con cargo a esa misma cuenta una transferencia por importe de 5,2 millones de dólares a favor de Doña María Rosario Andrade Detrell, con abono en una cuenta de su titularidad en un banco de China». Conocidos los hechos por la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado un informe en el que solicita determinadas diligencias de investigación, así como el «bloqueo de determinadas cuentas bancarias».

Imputación

El juez considera que los hechos investigados pueden ser constitutivos de un delito de alzamiento de bienes previsto en los artículos 257 y 258 del Código Penal. Y recuerda que sobre Fernández de Sousa-Faro ya pesan otras imputaciones, dentro de la causa abierta sobre la quiebra de Pescanova, por falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de cuentas anuales, estafa, uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo supervisor.

El titular del juzgado de instrucción Central 5 deja claro que no tiene dudas de que, por las circunstancias en que se llevaron a cabo las operaciones -apertura de cuenta 6 días después del auto de junio que admitió a trámite las querellas e importante transferencia de fondos diez días después de que a su esposo le fuera impuesta una cuantiosa fianza- «justifican la adopción urgente de medidas cautelares que permitan conjurar el riesgo de una eventual ocultación del patrimonio del querellado».

A la vista de los hechos, el juez ordena el envío a las autoridades de Portugal de una comisión rogatoria para proceder al «bloqueo, embargo y puesta a disposición» de su juzgado de los fondos existentes en la cuenta abierta en el país luso.

Asimismo, dictamina el bloqueo de todas las cuentas de las sociedades Quinta do Sobreiro, S. L., Kiwi España, S. A., Sociedad Anónima de Desarrollo y Control y Sociedad Gallega de Importación de Carbones, S. A., a las que está vinculado el expresidente de Pescanova. Y de todas las que él y su mujer tienen en Banco Etcheverría. Ordena además que esta entidad le informe sobre todos los titulares autorizados, así como del origen y destino de los fondos en el caso de las cuentas a plazos.

El hundimiento de Pescanova, ahora inmersa en un concurso de acreedores, está en el origen de la investigación de la Audiencia Nacional. Según el informe concursal elaborado por la auditora Deloitte, la compañía gallega pasó de tener en 2011 un beneficio de 16,1 millones a sufrir al año siguiente pérdidas de 26,1 millones, que en abril de 2013 se habían disparado a 29,1 millones. de euros.