El presidente del nuevo supervisor único promete «independencia»

El Congreso aprobó ayer el nombramiento de los diez candidatos a consejeros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con los votos a favor de PP y CiU (el PNV no votó, pero mostró su respaldo a todos los consejeros), y la abstención del PSOE y de UPyD. Sin embargo, la formación que lidera Rosa Díez presentó vetos particulares contra tres de los miembros -la vicepresidenta y dos consejeras- del nuevo órgano por su vinculación con el área económica del Gobierno, pero fueron rechazados por PP y nacionalistas catalanes. Amaiur optó por no votar, mientras que Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ni siquiera participó en el debate protagonizado en la Comisión de Economía.

José María Marín Quemada será el nuevo presidente del superregulador, que a partir de octubre ejercerá las funciones que hasta el momento han venido realizando la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión del Sector Postal (CNSP), la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, el Comité Regulador Ferroviaria, y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

Ningún grupo parlamentario cuestionó la trayectoria profesional de Marín Quemada ni sus méritos para desempeñar su nuevo cargo. El futuro presidente de la CNMC, que acumula 40 años de docencia, es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense, además de un experto en política energética. Su actividad profesional le ha llevado por Iberia y Cepsa, y desde 2005 es vocal del Banco de España. Marín Quemada negó cualquier tipo de incompatibilidad para llevar a cabo su nueva labor, y dijo no tener «más hipoteca que la independencia, el rigor, el deber y el deseo de cumplir con lo que, seguramente, creo que será mi última obligación profesional». El nuevo presidente del superregulador avanzó que sus «objetivos concretos» serán «estimular las reformas estructurales», evitar que se retarden las actuaciones en marcha, y establecer «lo antes posible» un plan estratégico de actuación.

Más controversia ha suscitado el nombramiento de María Fernández como vicepresidenta de la CNMC. Tanto el grupo socialista como UPyD cuestionaron su independencia, ya que Fernández ha formado parte hasta ahora de la Oficina Económica de la Moncloa. Por este motivo UPyD presentaron veto particular contra la futura vicepresidenta, y contra las consejeras Clotilde de la Higuera y María Ortiz, vinculadas al Ministerio de Economía. Por encima de la incompatibilidad de ciertos miembros del consejo flotó la polémica sobre la idoneidad de fusionar todos los reguladores y supervisores en un mismo organismo, y el procedimiento mediante el que se ha llevado a cabo.

El portavoz socialista, Valeriano Gómez, sostiene que la creación del nuevo órgano «ha sido cuanto menos peculiar», ya que en su opinión «no ha tenido apenas debate», a diferencia de la anterior ley de la competencia, de 2007, que dio lugar a la aún vigente CNC.

Además, censuró el hecho de que el debate sobre la fusión de todos los reguladores naciera «de un informe de una consultora, Price Waterhouse, encargado por una de las empresas reguladas, Telefónica». También se lamentó porque el Gobierno «ha traspasado todas las líneas rojas» al destituir a los consejeros de las distintas comisiones que ahora desaparecen, algo que a su juicio impide consolidar la independencia de los órganos reguladores en España. Gómez avanzó que, si el PSOE vuelve a gobernar con mayoría absoluta, derogará la actual ley que ha propiciado la fusión de todos los reguladores y que volverá a separar sus funciones.

«Cuotas de partido»

El portavoz de UPyD, Álvaro Anchuelo, criticó que los nombramientos no se basen en una convocatoria abierta y sí en una propuesta «discrecional» del Gobierno y con «cuotas de partido», en alusión al hecho de que CiU y PNV han logrado 'colar' en el consejo a sus propios candidatos (Josep María Guinart e Idoia Zenarruzabeitia).

Vicente Martínez Pujalte (PP) aseguró que el nuevo órgano mejorará la coordinación y la eficacia de la labor de regulación, y recordó que su constitución fue aprobada «democráticamente por tres quintas partes de la Cámara».