El fiscal denuncia a la excúpula de Catalunya Caixa por cobros «desproporcionados»

La Fiscalía Anticorrupción de Barcelona ha solicitado la imputación del expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra, del ex director general Adolf Todó y de otros 52 consejeros y directivos de la entidad financiera durante 2010 por aprobar «retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su situación real de insolvencia». El fiscal denuncia los altos sueldos, la suscripción de fondos de pensiones, seguros, pólizas e indemnizaciones «que merecen ser investigadas», pues se produjeron en un entorno de grave crisis económica y cuando la entidad tuvo que recibir ayudas públicas. Todo ello, a juicio de la Fiscalía, puede suponer «administración desleal».

En el año 2010, la entidad financiera ya atravesaba una situación crítica de insolvencia, hasta tal punto que el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) tuvo que inyectarle en julio de aquel año 1.250 millones de euros de ayuda pública, el 23,5% de los recursos propios de la caja. Eso no fue obstáculo para que, previamente, el 19 de enero de 2010, se aprobara un aumento del sueldo variable del director general Adolf Todó -que pasó del 35% al 50%- y de su adjunto Jaume Massana -que subió del 35% al 45%-. A esta subida solo se opuso una consejera y hubo dos abstenciones, según detalla la denuncia. Además, el 13 de octubre de 2010, cuando ya se había aprobado la ayuda pública, se decidió aumentar el sueldo de los miembros del comité de dirección para 2011: Todó pasó a cobrar 812.501 euros frente a 800.481 que percibía, y Massana, 610.201 frente a 598.428. Ese acuerdo se aprobó con siete votos en contra y siete abstenciones. Los porcentajes de aumento de ese año pueden no llamar la atención, pero sí la cifra total.

De hecho, el FROB limitó en 2012 a 300.000 euros anuales la retribución máxima de los altos directivos de cajas con ayudas públicas. La denuncia explica que Todó se aseguró pólizas y planes de pensiones por valor de 8,2 millones de euros. El FROB congeló el pago de la indemnización al ex director general -que Todó cifra en 3,5 millones de euros, según el contrato con el propio FROB-.

El escrito presentado por el fiscal especial anticorrupción destaca que los 54 miembros del consejo de administración denunciados -que lo eran en 2010 y entre los que se encuentran representantes de los sindicatos- aprobaron aumentos retributivos y garantizaron indemnizaciones a altos cargos «con evidente abuso del cargo», ya que «utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia pública, en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo cual contribuyó a su grave crisis financiera». En octubre de 2011, el FROB tuvo que aportar otros 1.718 millones de euros a Catalunya Caixa y pasó a asumir el 89,74% del capital de la entidad. Y en diciembre de 2012 hubo nuevas ayudas públicas a través del FROB por 9.084 millones procedentes de fondos europeos y la entidad quedó totalmente nacionalizada. El año pasado, sus pérdidas rondaron los 12.000 millones de euros. Aunque la entidad ganaba 500 millones cuando entró Todó, éste afirmó, durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del Parlamento de Cataluña, que solo el 5% de la crisis de la entidad era responsabilidad suya.

Narcís Serra -que fue ministro de Defensa y vicepresidente del Gobierno con Felipe González- presidió Catalunya Caixa de 2005 a 2010, hasta que se fusionó con Caixa Tarragona y Manresa. El fiscal señala que su cargo era representativo, pero que también recibía «elevados emolumentos en concepto de dietas». Entre 2007 y 2010 cobró entre 236.000 y 260.000 euros anuales.

Si son imputados se sumarán a los cerca de cien directivos de entidades financieras -entre ellos, Miguel Blesa y Rodrigo Rato- que están en los tribunales imputados por salidas a bolsa fallidas, pensiones millonarias, apropiación indebida y créditos o inversiones irregulares. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha garantizado la total colaboración del Ejecutivo con la justicia, mientras los sindicatos exigen llegar hasta el final.

La entidad, reconvertida en Catalunya Banc, está en venta, aunque ya tuvo una subasta fallida antes de realizarse, y en pleno expediente de regulación de empleo para despedir a 2.453 empleados.