El PP tritura la propuesta del PSOE para que el Congreso indague en sus finanzas

No habrá comisión de investigación sobre la contabilidad del Partido Popular y tampoco habrá un debate en el pleno del Congreso sobre la necesidad de su creación. Era lo que pretendía el primer partido de la oposición. Había diseñado una estrategia parlamentaria para dar la máxima visibilidad a una negativa popular que estaba cantada de antemano. Pero su propuesta, tildada de «extravagante» por el portavoz de la formación gubernamental, Alfonso Alonso, ni siquiera vio la luz. La Junta de Portavoces, el órgano que fija el orden del día, la desestimó ayer para indignación de la representante socialista, Soraya Rodríguez.

«El PSOE tiene todo el derecho a presentar esta propuesta y a que se debata en el pleno, como el PP tiene todo su derecho a votar en contra pero no a impedir el debate», pataleó la dirigente tras la reunión. Su queja era doble, porque también el presidente del Congreso, Jesús Posada, había dicho 'no' al debate, en el pleno de la semana próxima, de otra propuesta socialista, en este caso para que el presidente del Gobierno esté obligado a comparecer en la cámara si lo solicitan todos los grupos de la oposición, algo que obviamente ahora no ocurre.

En este caso, el problema era de formas porque Posada, que admitió haber confundido la propuesta con otra similar registrada más recientemente, alegó que aún no había sido publicada en el Boletín de las Cortes y por lo tanto no podía incluirse en el orden del día. Confesado el error, el presidente rectificó, pero solo en lo referente a ese punto. Nada cambió en el rechazo a la propuesta sobre la comisión de investigación.

Alonso replicó que su partido solo sigue los trámites que marca el reglamento y reprochó a los socialistas que se enreden en cuestiones estériles del tipo «debatimos a ver si debatimos o votamos a ver si votamos». «El problema -ironizó- es que los votos del PP para ellos no son votos sino vetos, pero no sé dónde está escrito que el PP tenga que votar lo que diga el PSOE».

En su enfado, la socialista Rodríguez volvió a recordar que su formación no renuncia a presentar una moción de censura a modo de reproche parlamentario, una amenaza táctica que ya funcionó en el pasado para forzar la comparecencia de Rajoy sobre el 'caso Bárcenas' pero que ahora sirve para remarcar el estado de las relaciones PP-PSOE. Mal caldo de cultivo para la subcomisión sobre medidas contra la corrupción propuesta por Alfredo Pérez Rubalcaba.

Portazo

La idea recibió, de hecho, un sonoro portazo desde el PP. Alonso tiró de sorna para amortiguar la estocada. «Me ha hecho mucha ilusión que el señor Rubalcaba me escriba una carta», dijo. Pero dejó claro que la idea no le seduce. El portavoz popular alegó que en las resoluciones del Debate sobre el estado de la Nación ya se plantearon propuestas y que el Gobierno fijó un calendario y unos plazos, hasta este septiembre, para presentar de manera efectiva sus iniciativas. «Invito a un diálogo de verdad sobre esa base -devolvió-; no se nos puede pedir que empecemos de cero porque ya se ha hecho mucho». Entre lo que, según su relato, se ha hecho, está la creación el pasado marzo de un grupo de trabajo sobre Regeneración Democrática que coordina el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y del que forman parte el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y representantes de los ministerios de la Presidencia, Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas, e Interior. Un grupo que ayer se reunió en la Moncloa presidido por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y que tiene la tarea de elaborar un informe que incluirá la reformas de varias leyes, entre ellas la de financiación de partidos.

El caso es que también el resto de formaciones llevan meses planteando sus propias soluciones. El PSOE quiere que aumenten los plazos de prescripción, que todos los casos de corrupción se juzguen en la Audiencia Nacional o que se prohíba a las empresas ser donantes de los partidos. Pero el líder de la oposición sostiene que hay que abrirse a las sugerencias de la sociedad civil y a lo que puedan aportar expertos.