La Fiscalía urge a Alaya a agilizar la instrucción de los ERE

Un calendario «razonable» de declaraciones y nuevas diligencias para agilizar y concretar algunos aspectos de la macroinvestigación. Estas son las peticiones que formuló ayer la Fiscalía Anticorrupción a la juez instructora del caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, a la que recuerdan que hay algunos imputados que llevan más de dos años a la espera de comparecer ante la juez.

En el escrito remitido al juzgado 6 de Sevilla, Anticorrupción destaca el riesgo que supone para la causa que algunos imputados, como el exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas o el exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet, lleven encausados desde marzo de 2011 sin comparecer aún ante la juez.

Otras 22 personas, del total de 116 que acumula ya la causa, están imputadas desde marzo del pasado año sin que todavía hayan sido citados. Tampoco se concluyó la toma de declaración a cinco de los detenidos en la 'operación Heracles' a comienzos de este año, lo que para el Ministerio Público impide no solo «avanzar en la instrucción de la causa y garantizar adecuadamente los derechos y garantías» de los implicados, sino que además no permite «adoptar las medidas cautelares que permitan el mayor reintegro posible de los fondos públicos presuntamente malversados».

En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción pone de relieve la necesidad de acelerar la investigación referida a 14 empresas o entidades perceptoras de las ayudas bajo sospecha, entre ellas ayuntamientos o bufetes de abogados, para evitar que prescriban los posibles delitos de malversación de fondos públicos y trñafico de influencias.

Nuevas diligencias

La Fiscalía apunta asimismo algunas de las posibles decisiones que la juez instructora podría adoptar, por ejemplo, en relación a la legalidad del sistema de ayudas o el pago de comisiones de las empresas mediadoras y asesoras a entidades «vinculadas» a los sindicatos UGT y CC OO.

Así, urge a que la Guardia Civil termine de recabar información sobre las fórmulas que articuló la Junta de Andalucía para el pago de las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas desde el 2000, y a que la Cámara de Cuentas presente sus conclusiones sobre los procedimientos de ejecución presupuestaria de la administración, una documentación necesaria de cara a la comparecencia este mes de dos directores generales de Presupuestos de la Junta andaluza.

Respecto al cobro y redistribución de las comisiones, la Fiscalía entiende que «la operativa» puesta en marcha entre otros por el exsindicalista Juan Lanzas o el bufete Villasís «no debió pasar inadvertido» para los profesionales bancarios, por lo que insta al Sepblac, la comisión para la prevención del blanqueo, para que informe sobre las posibles denuncias o actuaciones de las que haya tenido conocimiento en esas cuentas y que se identifique a los directivos de las sucursales con las que trabajaron.