Anticorrupción apremia a Alaya ante el riesgo de que prescriban los delitos

La Fiscalía Anticorrupción sumó ayer su voz a quienes temen que el caso de los ERE fraudulentos pueda prescribir por el retraso en la instrucción. En un auto dado a conocer, insta a la jueza de instrucción número 16 de Sevilla, Mercedes Alaya, a que llame a declarar a todos los imputados en la causa, que ascienden ya a 116, entre ellos la exministra de Fomento y ex consejera de Economía, Magdalena Alvarez, antecesora de Griñán en la Junta de Andalucía.

Los fiscales asignados al caso, Juan Enrique Egocheaga Cabello y Manuel Fernández Guerra, piden a Alaya que establezca «a la mayor brevedad» el calendario de declaración de 24 imputados, entre ellos los 19 que llevan más tiempo esperando, como el exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas o el exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet, que están encausados desde marzo de 2011.

También reclama a la jueza que concluya la toma de declaración a cinco de los detenidos en la 'operación Heracles' a comienzos de este año. El escrito advierte de esta urgencia hacia todos los imputados, «si atendemos al previsible incremento de éstos», como se ha visto en el auto de 28 de junio, con 20 personas imputadas, y 31 de julio pasados, con 23 nuevos imputados.

Para los fiscales, se trata de avanzar en la instrucción y «garantizar adecuadamente los derechos y garantías» de los imputados, pero también de «adoptar las medidas cautelares de naturaleza real que permitan el mayor reintegro posible de los fondos públicos presuntamente malversados».

El bufete de Olivencia

Así, el escrito de la Fiscalía pone de relieve la necesidad de acelerar la investigación sobre 14 empresas o entidades perceptoras de ayudas sospechosas, entre las que se encuentra el bufete de abogados Olivencia Ballester, dirigido por Manuel Olivencia, suegro del ex presidente del PP andaluz Javier Arenas, que habría percibido 119.828 euros en 2002 por su gestión en Santana.

Entre las entidades citadas se encuentra el Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto, Santana Motor, Jerez Industrial, Gestifesa. Fábrica San Carlos, Santana e Hijos de Andrés Molina.

Asimismo, el ministerio público pide que ante la declaración ya señalada de anteriores directores generales de Presupuestos, los días 17 y 19 próximo declararán Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, resuelva diversas diligencias solicitadas, como un informe de la Cámara de Cuentas sobre «procedimiento de ejecución presupuestaria».

También instan a oficiar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y a la Intervención General del Estado para que informen sobre la forma en que se ha articulado el pago de las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas por parte de la Junta desde 2000, relación de las entidades y empresas perceptoras de dichas cantidades, con indicación de NIF y domicilio, entidad, fecha y cantidad que realiza el pago», una rama de la investigación que apunta tanto al pago de sobrecomisiones como a las cantidades percibidas pro entidades «próximas» a los sindicatos UGT y CC.OO.

la Fiscalía entiende que «la operativa» puesta en marcha entre otros por el exsindicalista Juan Lanzas o el bufete Villasís, con varias cuentas en la misma entidad, «no debió pasar inadvertida» para los profesionales bancarios, por lo que insta al Sepblac, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, para que informe sobre las posibles denuncias o actuaciones de las que haya tenido conocimiento en esas cuentas y que se identifique a los directivos de las sucursales con las que trabajaron.

La Fiscalía pide de nuevo la imputación del presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip), Francisco Jardón; al jefe de relaciones laborales de Cespa, José Antonio Pérez, y al responsable de FCC Medio Ambiente, Álvaro Mollinedo, por el cobro de 276.22 euros cada empresa.