El juez impone una fianza civil de 178 millones al expresidente de Pescanova

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha impuesto una fianza de 178 millones de euros al expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, en concepto de responsabilidad civil. De Sousa y otros nueve directivos, así como seis sociedades de la empresa agroalimentaria, deberán hacer frente a cauciones que suman 1.200 millones. A todos ellos se les imputa la comisión de presuntos delitos de falseamiento de cuentas, falseamiento de información económico-financiera, uso de información relevante, estafa y falsedad en documento mercantil. Los imputados deberán pagar sus respectivas fianzas «a fin de garantizar las eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas» de la causa, y tienen un plazo de diez días para hacerlo. De lo contrario, se enfrentarán al embargo de bienes de su propiedad «en cantidad suficiente para responder de las precitadas sumas».

Después de la de Fernández de Sousa, la mayor fianza corresponde al consejero Alfonso Paz-Andrade Rodríguez, que deberá pagar 125 millones, mientras que a José Antonio Pérez-Nievas Heredero se le ha impuesto una caución de 54 millones. El resto de consejeros -Pablo Fernández Andrade, Fernando Fernández de Sousa, Robert Albert Williams, Jesús García García, Joaquín Viña Tamargo, Antonio Taboas Moure y Alfredo López Uroz- tendrán que hacer frente al pago de 69 millones. La misma cantidad habrán de abonar las sociedades Inverpesca, Sociedad Gallega de Importación de Carbones, Sociedad Anónima de Desarrollo y Control, ICS Holding Limited, e Inverlema. Para Pescanova S. A., la fianza asciende a 54 millones.

«Imagen irreal de las cuentas»

El juez Ruz cree probado que existen «indicios racionales de criminalidad» contra Fernández de Sousa y el resto de los directivos de Pescanova. Según el magistrado, los administradores de la empresa se valieron de información de sus cuentas anuales -«que no se ajustaba a la realidad»-, así como de otros documentos e informes económico-financieros para proporcionar públicamente «una imagen irreal de su situación económica y patrimonial».

Una práctica que se extendió al menos «durante el tiempo en el que los distintos querellantes (.) adquirieron en el mercado de valores diferentes paquetes de acciones» de la entidad. El auto del juez recuerda cómo, entre agosto de 2012 y enero de 2013 varios analistas financieros recomendaron además la inversión en esos valores «atendiendo al signo positivo de aquella información».

A juicio del magistrado, que la información suministrada en ese periodo -en el que además se llevó a cabo una ampliación de capital por importe de 125 millones- no se ajustaba a la realidad lo prueba el hecho de que el 28 de febrero Fernández de Sousa comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la decisión de la entidad de no formular las cuentas anuales de 2012, y manifestara sus dudas sobre la propia continuidad de la empresa. Ya en marzo, la CNMV suspendió en dos ocasiones la cotización en bolsa de la compañía, que el 15 de abril solicitó la declaración de concurso de acreedores.