Anticorrupción pide la imputación de Camps y Barberá
La Fiscalía aprecia indicios de delito en la contratación del Instituto Nóos para organizar los eventos Valencia Summit
MADRIDActualizado:La Fiscalía Anticorrupción ha decidido solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) que impute al expresidente de esta comunidad Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, por apreciar indicios de delito en la contratación del Instituto Nóos para organizar los eventos Valencia Summit. El Ministerio público presentará a lo largo de la mañana de hoy un escrito de alegaciones a la exposición razonada que realizó el juez que instruye el caso Nóos, José Castro, el pasado mayo en el que proponía al TSJV que asumiera la instrucción en lo que se refería a los hechos de Valencia.
Según fuentes de la investigación, tanto el magistrado como el fiscal Pedro Horrach creen que hay indicios suficientes para imputarles por los cuatro contratos a dedo a Urdangarin y a su instituto Nóos entre 2004 y 2006, que supusieron a las arcas públicas 695.403 euros. El juez tomó la decisión después de escuchar el mes pasado las declaraciones del propio duque de Palma y de Torres. Ambos confirmaron de viva voz que tanto los Valencia Summits como la idea de realizar unos Juegos Europeos surgió después de una o varias entrevistas con Camps y Barberá.
La alcaldesa ha insistido que ella no «firmó» nada ni «dio a dedo nada al Instituto Nóos». Barbera sostuvo siempre que fue la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau «quien tomó la decisión» de hacer los Valencia Summits y que es «una entidad de carácter privado». Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha dictaminado que la fundación es básicamente una empresa pública, porque más del 80% de sus fondos son aportados por el Ayuntamiento valenciano. Anticorrupción cree que la adjudicación directa de esos eventos saltándose todas las normas de contratación pública sólo pudo ser posible por la intervención directa de esos dos mandatarios.
Aforamiento
Castro, en el auto del 30 de enero en el que aceptaba la fianza civil de 8,2 millones contra Urdangarin y Torres, ya adelantó que los convenios firmados por el Gobierno valenciano y el Consistorio con Nóos «no fueron otra cosa que la forma arbitraria de vestir el santo, con la única finalidad, y con total abuso de poder, de beneficiar al Instituto Nóos y, en este caso, al más ilustre de sus miembros, al señor Urdangarin».
Tanto Barberá como Camps son diputados autonómicos y gozan de aforamiento, por lo que el Juzgado de Instrucción 3 de Palma de Mallorca no puede imputarlos. Una vez que se inhiba de esa parte del sumario Nóos, será el tribunal superior valenciano el que, a la vista de los datos que le aporten desde Mallorca, decida si sienta en el banquillo a la alcaldesa y al expresidente junto a Urdangarin y Torres.
Castro pretende que en ese banquillo también figuren, igualmente acusados de prevaricación, al menos otros cuatro exdirectivos de las administraciones valencianas: el exsecretario de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat, Luis Lobón; los que fueran directores generales de Cacsa José Manuel Aguilar y Jorge Vela; y el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.